La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (PIME) de Menorca ha afirmado hoy que los cambios en las leyes Turística, del Suelo y Agraria que ha aprobado por decreto el Govern «fomentan la inseguridad jurídica» necesaria «para fortalecer las empresas».
«La incertidumbre que provoca no contar con un marco jurídico estable desmotiva la inversión y favorece el replanteo de decisiones a corto y medio plazo», ha aseverado en un comunicado remitido a Efe.
Según PIME, «la derogación de la normativa autonómica aprobada por el Govern y la propuesta del Consell para derogar la Norma Territorial Transitoria hasta aprobar la revisión del Plan Territorial Insular supone una pérdida de confianza en un momento en que la economía de Menorca ha empezado a dar muestra de indicios de recuperación».
La dirección de la PIME menorquina -que integra 40 asociaciones profesionales sectoriales con más 1.800 empresas de la isla- ha lamentado que «después de tantos años de crisis económica en los que ha sido imposible acometer inversiones para modernizar establecimientos por la falta de financiación, que ahora, cuando hay cierta motivación para la reinversión en las propias empresas, encuentren en la administración graves dificultades para llevarlas a cabo».
El comité ejecutivo de PIME-Menorca ha dado a conocer este pronunciamiento tras valorar el decreto ley de medidas urgentes urbanísticas aprobado por el Govern y analizar su repercusión sobre la actividad económica de Menorca.
«Lamentamos -ha indicado- la decisión del Govern al suprimir, por vía de urgencia, algunos artículos de las leyes Turística, del Suelo y Agraria, al suponer una reducción de las expectativas de inversión en algunos sectores económicos donde es necesaria la aportación de valor para ganar en competitividad».
La dirección de PIME-Menorca ha añadido que «esta decisión política tomada unilateralmente sorprende porque la Ley Agraria fue aprobada apenas hace doce meses con el consenso de todo el sector agrario».
«Este sector -ha señalado a continuación- entendió que las facilidades en la adaptación del patrimonio rural encaminadas a la mejora de edificaciones, instalaciones e incluso la posibilidad de actividades complementarias a la actividad agrícola, ganadera o forestal eran alternativas viables para la supervivencia y la mejora de la rentabilidad».