La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Maria Pascual Hernández, tomó ayer declaración a los directores de institutos de Maó que en su día fueron expedientados y suspendidos cautelarmente por parte de la Conselleria de Educación, lo que motivó que estos interpusieran una querella penal contra el entonces secretario de Educación Guillem Estarellas, el exdirector general Bartolomé Isern y el instructor del caso José Ramón Mestre, al entender que había sido una decisión injusta a sabiendas, con el correspondientes delito de prevaricación, y que les generó una situación de indefensión.
Cada director prestó declaración por separado durante algo más de una hora ante la presencia de la jueza, de su abogado y de un representante de la defensa de Guillem Estarellas. A preguntas de la magistrada, Rafael Andreu, Jaume Bonet y Margarita Seguí relataron los hechos ya detallados en la querella, e informaron a la jueza de los pormenores del funcionamiento de los órganos propios de centros docentes, como son los consejos escolares, donde se produjo la votación contraria a las enmiendas de la Conselleria que motivó los expedientes.
Los directores argumentaron que en ningún momento actuaron en contra de la ley y de las instrucciones de la propia Conselleria de Educación, ya que lo único que no pueden hacer en una situación así es abstenerse. La jueza se interesó por el proceso de instrucción y por la demora durante muchos meses, y al entender de los querellantes de forma totalmente injustificada, de la resolución de los expedientes. También puso el acento en el cambio de tipificación de los hechos.