«Actué con corrección y de acuerdo con la norma». Así, rotundo, contundente, se mostró José Ramón Mestre, el inspector de Educación que tramitó el expediente contra tres directores de institutos de Maó por votar en contra de las enmiendas del Govern a sus proyectos de aplicación del TIL. Ayer se defendió ante la juez en los juzgados de Vía Alemania.
Los docentes se querellaron por presunta prevaricación contra tres responsables de la Conselleria de Educación del anterior Govern por mantener durante 14 meses expedientes disciplinarios en su contra. Mestre entró a la sala junto a su abogado, Miguel Borrás, pasadas las 10 horas para prestar declaración ante la juez María Pascual, magistrada de refuerzo en el número 3 de instrucción de Palma. Tras casi cuatro horas de interrogatorio, el entonces inspector, que actualmente reside en Vinaroz (Castellón), salió satisfecho. «Se ajustó al reglamento vigente y su actuación fue avalada por los servicios jurídicos de la Conselleria», comentó su letrado.
En los expedientes se acusaba a los tres directores de falta de obediencia a las órdenes de un superior, se llegaba a calificar su conducta de muy grave y se ordenaban medidas cautelares por las que fueron suspendidos de sus funciones.