«La ley tiene 20 artículos y ha recibido 92 alegaciones, ¿no se plantea, de verdad, retirarla? - No, no me planteo retirarla». Fue la última pregunta del público, a cargo de la gerente de Ashome, Azucena Jiménez, y la última respuesta del vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló. Si el proceso legislativo no vuelve a complicarse, el impuesto de turismo sostenible se aplicará este verano en toda la Comunidad de forma lineal, sin entender de las singularidades de cada una de las Islas, a pesar de la crisis general por la identificación tan frecuente de Mallorca y Balears, «este es un impuesto discriminatorio, pensado en mallorquín, que pagaremos menorquines e ibicencos al hospedarnos en Palma», le espetó el portavoz del PP.
«Este impuesto es una continuación del de 2002, entonces fuimos pioneros en Europa, la mitad de las ciudades y regiones europeas lo han implantado después. Ahora no es una idea aislada, forma parte de una estrategia para crear un modelo de turismo sostenible», resumió Barceló, para quien no es motivo de pérdida de competitividad, «las medidas fiscales no afectan a la decisión de venir de vacaciones o no».
Miquel Camps apeló a un discurso repetido a lo largo de los años, «el debate principal es qué tenemos vinculado al turismo, las depuradoras y el abastecimiento de agua no dan abasto en pleno verano, la dinámica de 25 años muestra que la punta de ocupación de agosto no deja de crecer. El impuesto solo servirá si se acompaña de unos objetivos y unos parámetros que puedan evaluarse para ver si sirve de algo, por ejemplo, para ver si somos capaces de avanzar en desestacionalización», señaló.
Antonio Abrines, de Aviba, cree que se ha magnificado el debate y que no se puede tomar como referencia lugares donde se aplica «con estancias medias que nada tienen que ver con las Islas, restará competitividad, nos perjudica como destino de sol y playa, restará turismo. Ahora tenemos una situación predominante por los conflictos del norte de África», precisó, «y no cuadra de ninguna manera que un mochilero pague menos que un turista de alto poder adquisitivo, qué turismo queremos», añadió.
Santiago Tadeo adujo que por primera vez se había podido consensuar un impuesto, para ello «había que poner sobre la mesa: qué reparto se hace, quién lo decide, dónde se invierte y qué pasa con la oferta no legal. Y tener en cuenta que no es lo mismo Mallorca que Menorca o Eivissa, siempre tenemos los peores indicadores, se echa de menos un informe sobre la incidencia que tendrá en el turismo», enumeró Tadeo como deficiencias.
Lluís Pablo Casals fue contundente pero cercano con los argumentos, dispuesto a sumarse al proyecto de la ecotasa «si no fuera tan precipitado, no le damos un no rotundo sino un no condicional a que se haga bien, dedique un año más, hable con todos, el Govern no tiene la información sobre la situación real del turismo en Menorca, nos puede convencer con una ley bien hecha», le dijo a Biel Barceló. Para el presidente de Ashome, la recaudación de este impuesto supondrá apenas el 1 por ciento del presupuesto de la Comunidad Autónoma, «por qué corre tanto, llámenos, escúchenos antes de hacer una ley así, no sé cómo voy a pagarlo ni lo saben las empresas menorquinas, que son pequeñas, tenemos los contratos cerrados para este año, cuánto nos va a costar. Me gustaría tener respuesta», pero no la tuvo anoche, aunque el conseller escuchó.