El año pasado se tramitaron 171 expedientes de legalización en suelo rústico. El Colegio de Arquitectos no dispone de datos precisos y calcula que el 90 por ciento corresponden a la disposición transitoria décima de la Ley de Ordenación y Usos del Suelo (LOUS) de marzo de 2014 conocida como «amnistía Bauzá».
Esa disposición regula un procedimiento extraordinario de incorporación a la ordenación de edificaciones existentes en suelo rústico. Si bien entró en vigor en 2014, ha sido en 2015 cuando ha desplegado todo su potencial legalizador, según los datos estadísticos. El primer año de vigencia se presentaron 24 expedientes, de los cuales al menos tres corresponden al procedimiento normal de legalización y no se acogieron a esta ley, puesto que se tramitaron antes de que entrara en vigor en mayo.
En 2015 se presentaron 171. Más de la quinta parte de ellos, 39, corresponden al mes de julio coincidiendo con el cambio de poder en la Comuninad Autónoma y el anuncio -ejecutado efectivamente a final de año- de una modificación de esa ley junto con la de turismo y la agraria.
En febreron se habían tramitado 16, en marzo 25, en abril 15, en mayo otros 15 y en junio 20. Después del verano solo octubre y diciembre están por encima de la decena.
El presupuesto de esas legalizaciones suma 13.394.059 euros, con un porcentaje de ingresos para los ayuntamientos en cuyos municipios se hayan tramitado.
En Mallorca se han legalizado por este procedimiento 1.015; en Eivissa, 461; y en Formentera, 18. En la pitiusa menor se habían tramitado 33 expedientes de legalización en 2014, 11 más que en Menorca en ese periodo.