El Ayuntamiento de Maó tiene sobre la mesa más de 300 reclamaciones de ciudadanos multados por las cámaras de control de velocidad que el anterior equipo de gobierno instaló en varios puntos de la ciudad. Se trata de expedientes paralizados y sin resolver a la espera de que los servicios jurídicos municipales encuentren la solución y el encaje legal a un «gran problema» sobrevenido.
Tal como explicó ayer en el pleno la alcaldesa de Maó, Conxa Juanola, el anterior equipo de gobierno dio «instrucciones verbales» de que no se cobrarían las sanciones reiterativas y solo se tendría en cuenta la primera infracción. Este alud de reclamaciones obedece a todo tipo de situaciones, desde aquellos ciudadanos que pagaron todas las multas y ahora piden la devolución tras conocer que algunos solo pagaron la primera, hasta los que no las han abonado al considerar desproporcionada la sanción.
El teniente de Alcaldía de Hacienda, Jordi Tutzó, agrega que en solo mes y medio, una sola cámara 'cazó' más de mil infracciones. «El PP se dio cuenta de que algo había fallado ante tal 'boom' de incidencias, no podía ser que la gente fuera tan incumplidora». Tutzó considera que hubo una evidente falta de información al ciudadano, de ahí esos fallos tan reiterados. Y se actuó «de palabra». Ahora cabe solucionar un desaguisado. Porque las multas se pusieron, no se han cobrado, pero tampoco pueden condonarse, apuntan.
El tema surgió a raíz de que el PP solicitó que las personas denunciadas puedan abonar el 50 por ciento de las sanciones de tráfico y presentar recurso igualmente. Un aspecto que Juanola advirtió de que aunque está de acuerdo con la filosofía, no tiene encaje legal. El popular Salvador Botella lo tachó de falta de «voluntad política