El debate sobre el modelo territorial menorquín se ha reabierto con el inicio del proceso para derogar la Norma Territorial Transitoria (NTT) aprobada por el PP, y con la fecha de 2019 en el horizonte para concluir la revisión del Plan Territorial Insular (PTI). Santiago Florit, conseller de Ordenación Territorial, explica cómo se ha diseñado este proceso.
¿Por qué no se consultó a los alcaldes antes de anunciar la derogación?
— Creo que se lo hemos anunciado con suficiente antelación porque la aprobación inicial de la derogación se plantea para el día 21. Luego habrá un plazo de 3 o 4 meses hasta que termine el proceso. Son decisiones que debe tomar el Consell y que se han ido hablando con los ayuntamientos, está en nuestro acuerdo de gobierno.
Al inicio del mandato afirmó que la Norma podría no suprimirse. ¿Qué ha motivado su cambio de opinión?
— No ha habido ningún cambio de criterio. Dijimos que mientras aportara algo positivo, como ser más restrictiva, hacer de paraguas frente a las leyes que aprobó el PP (de turismo, agraria y del suelo), pensábamos que era mejor mantenerla. El marco conceptual ha cambiado totalmente con el decreto del actual Govern en enero.
¿Es posible jurídicamente la derogación total y, después, introducir modificaciones parciales del articulado de la Norma?
— Sí, es posible. Antes de poner en marcha el proceso hemos buscado asesoramiento y está contrastado jurídicamente. La aprobación definitiva se hará en función de las alegaciones que se presenten. Lo que queremos es que sea una derogación parcial, que queden algunos conceptos que superan el Plan Territorial de 2003 y que están aportando cosas positivas. Pero también queremos abrir al máximo el proceso a la participación, y la única manera es esta.
¿Atenderán la petición de no paralizar proyectos que hayan surgido al amparo de la Norma mientras se revisa el PTI?
— ¿Qué proyectos tan importantes son esos? No se ha salido de la crisis gracias a la Norma Territorial, no ha sido la panacea. Hay actuaciones que recoge la NTT que yo pienso que se pueden mantener, pero queremos pulsar todas las posibles ideas u opiniones. Además, todos los proyectos presentados al amparo de la Norma, en el caso de que no fueran posibles con el PTI, se van a seguir tramitando. No se para nada en principio, porque la derogación será definitiva como he dicho en 3 o 4 meses. Lo que queremos es suprimir cosas que no tienen justificación y los efectos negativos de la Norma.
¿Como por ejemplo?
— Por ejemplo crear áreas de transición innecesarias, y yo diría que de forma ficticia, en las zonas turísticas cuando aún hay suelo vacante, o las declaraciones de interés general para construir en suelo rústico. Eliminar lo pernicioso que afecta al suelo rústico pero de calado, no las pequeñas reformas que a lo mejor se tienen que aceptar y estamos dispuestos a hacerlo.
¿A qué normativa urbanística habrá que atenerse cuando se derogue la NTT? ¿al Plan Territorial Insular de 2003?
— Lo que quedará vigente y regirá será el Plan Territorial de 2003 junto con aquello que se mantenga de la Norma Territorial tras las alegaciones si es que se mantiene algo, que yo creo que sí, pero de esto hablaremos más adelante, cuando se tengan todas las aportaciones, hay un mes prácticamente para recoger alegaciones y opiniones.
El plazo fijado para concluir y aprobar el nuevo PTI, 2019, ¿no es excesivamente largo?
— El Plan aprobado en 2003 se inició en 1999, debía revisarse en 2013 y el PP lo que hizo fue aprobar una Norma que se publicó en 2015. El plazo que nos hemos marcado no es largo por la sencilla razón de que solo la licitación puede llevarnos 5 o 6 meses, porque hay que cumplir el reglamento de contratación que marcan las leyes. Hay un año o más para el estudio y la formulación del plan, y luego debe pasar la tramitación ambiental. Pero este plazo también posibilita una mayor participación.
¿Es más adecuado a la situación de Menorca volver al PTI de 2003 y a lo que quede de la Norma Transitoria, que mantener ésta en su totalidad?
— Sí, porque la intención es eliminar lo que consideramos negativo de esa Norma y que está reflejado en el informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente
Sigue siendo un cambio legislativo más, los empresarios afirman que genera inseguridad y ahuyenta inversores, ¿es así?
— Me molesta el catastrofismo y que se hable con vaguedades. Yo no creo que se genere inseguridad jurídica en absoluto, era la Norma Territorial la que generaba esa inseguridad. Hemos tenido muchas consultas que han realizado ayuntamientos, que no sabían cómo interpretarla. No hay inseguridad o conflicto jurídico, volveremos al PTI de 2003 excepto los cuatro, cinco u ocho puntos que se puedan quedar aprobados de la Norma Transitoria. En paralelo trabajaremos en la revisión.
¿Qué espera del nuevo PTI?
— Podíamos haber aprobado en marzo los criterios para su revisión, pero lo haremos en abril para que se presenten propuestas. El Plan Territorial tiene que ser de todos.