Algunas decisiones administrativas le están costando muy caras al Consell insular, que en los dos últimos años ha gastado 163.133,92 euros en honorarios y minutas de los abogados externos que le han representado en sus principales contenciosos ante los tribunales de justicia.
Este gasto, que en 2014 ascendió a 92.632,59 euros, se redujo el año pasado a 70.501,33, aunque buena parte de las causas que motivaron los litigios en ambos ejercicios son comunes y tienen que ver esencialmente con el proyecto inicial de reforma de la carretera general y los conflictos urbanísticos derivados del PTI.
Los informes, las estrategias letradas y la defensa jurídica del caso Cesgarden han supuesto, solo en estos dos últimos años, un dispendio de 39.506 euros, que asciende a 56.778 si se tienen en cuenta también los encargos iniciales efectuados en 2013 al despacho Olleros (11.495) y el pago de las costas resultantes (5.777).
También se han abonado 15.125 euros al penalista Fernando Mateas y 24.381 al arquitecto Gregorio de Vicente Cuadrado, y aún falta por satisfacer los emolumentos del abogado Francesc Marquès, quien ha asistido al Consell en los últimos pleitos, resueltos a su favor y que han abierto la expectativa de dar un vuelco al pago de la multimillonaria indemnización a la promotora.
El conflicto aún pendiente sobre el derecho edificatorio de Princesa de Son Bou ha costado 14.447 euros, por 39.506 que ha cobrado el jurista Bartomeu Colom por la defensa de diversos contenciosos contra el PTI y el precio de expropiaciones vinculadas a la construcción de la Ronda Sur de Ciutadella.
Pero también el fallido proyecto de reforma de la carretera general entre Maó y Alaior, y sus polémicas 'megarotondas', ha tenido un elevado coste: hasta 37.753,79 euros solo en el pago de honorarios de los abogados que defendieron al Consell en el contencioso interpuesto -y luego retirado- por el GOB. Todo ello sin contar los 31.585 euros invertidos en asistencias técnicas o redacciones del proyecto que ahora será nuevamente revisado.
La Norma Territorial aprobada hace año y medio y que ahora el equipo de gobierno quiere derogar también precisó gastar 26.978,16 euros únicamente en asesoramientos y asistencias externas.