La alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, advirtió ayer al Consell de que «confunde deseos con realidades» y que, en contra de lo interpretado por el gobierno insular, la reciente sentencia del Tribunal Superior que ratifica la anulación del Plan General «no diluye su responsabilidad patrimonial» con la promotora Princesa de Son Bou. «Puede ganar tiempo recurriendo en casación alSupremo pero, más pronto o más tarde, tendrá que pagar», afirmó.
Sugrañes, para quien la sentencia «no es para celebrarla, sino para ponerse a llorar a lágrima viva», incide en la importancia del «error» detectado por la promotora, y avalado por el tribunal, que le impide en la práctica trasladar su proyecto de hotel al Área de Reconversión Territorial (ART-5) fijada por el PTI, puesto que las 1.704 plazas turísticas ya existentes sobrepasan el techo poblacional de 1.583 camas previsto en la zona por la adaptación del Plan General.
En este sentido, intuye que ni siquiera la revisión en marcha del PTI puede evitar ya la indemnización ya que, «por mucho que se amplíe la capacidad de plazas de la ART o se lleve a otro sitio, el Plan Territorial aún tardará al menos tres años en estar aprobado, mientras que un recurso ante el Supremo no se demora más allá de año y medio».
Pero este problema de falta de espacio no solo afecta a Princesa de Son Bou, sino también a Edivisa y la cadena Sol Melià, que también disponían de parcelas hoteleras a pie de playa y que vieron trasladado igualmente por el PTI su derecho edificatorio a la misma zona que Princesa de Son Bou. Entre los tres complejos debían sumar 900 plazas turísticas. «¿Pero dónde construirán si allí ya no pueden porque hay más camas de las previstas?», se pregunta.