17 años después, ni uno solo de los cuatro nuevos hoteles que iban a construirse en Son Bou, y que el PTI obligó a desplazar hasta la entrada de la urbanización para preservar la primera línea de playa, han llegado a edificarse. De hecho, ni siquiera las dos Áreas de Reconversión Territorial (ART), que se grafiaron sobre el papel para trasladar hasta allí sus derechos urbanísticos, se han desarrollado.
La primera (ART-4), situada en la zona de Torresolí justo a la entrada de la urbanización desde el Camí de Sant Jaume, sigue vacía. Cesgarden compró los terrenos pero su hotel de cinco estrellas, que fue recortado de 728 a 600 plazas, nunca ha visto la luz. Claro que, gracias a la controvertida defensa jurídica de la institución, la compañía mallorquina cobra desde hace cinco años a plazos los 28,8 millones de indemnización que la Justicia le reconoció a cambio.
Por contra, ni Sol Melià, ni Edivisa ni, sobre todo, Princesa de Son Bou han visto un solo euro público. Una sentencia de 2008 reconoce el derecho de esta última a cobrar 3.359.673 euros más intereses, unos 6 millones, porque el Consell le denegó de forma «ilegal» la licencia que había solicitado a Alaior antes de decretarse la moratoria previa al PTI para erigir un complejo de 106 apartamentos.
Pero la indemnización quedó congelada a la espera de que, antes de acabar 2009, el Ayuntamiento de Alaior adaptara su planeamiento al PTI y contemplara el Área de Reconversión Territorial (ART-5) donde deben tener cabida los hoteles de Melià, Edivisa y Princesa de Son Bou.
El problema es que, siete años después, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado el Plan General de Alaior, entre otros motivos porque el ART en la que debían edificarse los tres hoteles para un hotel de 900 nuevas plazas turísticas ya ha sobrepasado la capacidad teórica que le marca el PTI.
El Consell se ampara en la denegación por parte de la Sala de los nuevos motivos de reclamación patrimonial invocados por la promotora para interpretar que ya no debe indemnizarla. Pero tanto el Ayuntamiento como Princesa de Son Bou no tienen dudas de que, en realidad, la sentencia no desvanece su derecho a cobrar sino que, en todo caso, lo aplaza.
La misma sentencia de 2008 exige que Princesa de Son Bou sea indemnizada «si con posterioridad (a la adaptación del planeamiento al PTI) se producen nuevos retrasos en la elaboración de los instrumentos de desarrollo necesarios para materializar los aprovechamientos transferidos que sean imputables a la Administración y que, por tanto, hagan inefectiva su materialización».
El Consell insiste en que, hasta ahora, eso no se ha producido y que, por tanto, corresponde a las promotoras desarrollar el plan parcial que contempla la ART-5 si es que quieren ejecutar sus derechos edificatorios.
Pero el problema, advierte el gobierno de Alaior, es que con la situación actual, «por mucho que presenten el plan parcial, no les podremos dar autorización». Y esto es así, explica el concejal de Urbanismo, Emilio Agis, porque el Plan General se encuentra anulado -pendiente de dilucidar el recurso de casación interpuesto ante el Supremo- y ya no caben más plazas en la ART. De esta forma, «una vez se ratifique la anulación del PGOU, volverá a estar vigente el de 1994 y éste contradice abiertamente el PTI, de rango superior que recorta las expectativas de las promotoras».
Será entonces cuando, de no modificarse el PTI con presteza, se producirá una imposibilidad imputable a la Administración y «no habrá más remedio» que pagar a Princesa de Son Bou, con el agravante de que los intereses habrán agrandado la herida.
Agis no duda de que, en las actuales condiciones, los afectados harán por ponerse de acuerdo y promoverán el desarrollo de la ART, y sin necesidad de construir un nueva depuradora, ya que la existente «está dimensionada a las expectativas anteriores de crecimiento de la urbanización que, por efecto del PTI, nunca se han alcanzado».
«Lo absurdo es no dar una salida al conflicto», asegura Agis. El ofrecimiento del Ayuntamiento para analizar conjuntamente con el Consell las consecuencias de la última sentencia judicial ya ha tenido respuesta. La presidenta Maite Salord ha anunciado que se sentará a hablar del tema con el gobierno municipal. Pero el futuro PTI que debería resolver este 'sudoku' no se aprobará, en el mejor de los casos, hasta dentro de tres años.