El Consell de Menorca tratará de proteger mejor jurídicamente la moratoria comercial de grandes superficies acordada inicialmente en enero después de constatar como el Consejo para la Unidad de Mercado ha estimado la reclamación efectuada por la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contra la misma suspensión aprobada en Mallorca y amenaza con llevar la prohibición dictada en la isla vecina ante la Audiencia Nacional.
La ANGED también ha alegado contra la moratoria de Menorca y en términos parecidos a los esgrimidos por esta misma patronal ante el Consejo de Mercado del Ministerio de Economía y Competitividad. Alega que suspender la implantación de grandes superficies de más de 400 metros durante tres años «constituye una restricción absoluta», y así lo corrobora el propio Consejo estatal, que en su informe cuestiona «la necesidad y proporcionalidad» de la medida, «que afecta a una pluralidad de operadores» y no ha sido debidamente justificada.
La vicepresidenta de Promoción Económica del Consell, Susana Mora, anunció este viernes que el informe jurídico que se redactará para llevar la moratoria a aprobación definitiva «en junio o julio» tratará de justificar mejor la iniciativa para que no sufra el mismo vericueto que la de Mallorca, «donde seguramente el colectivo que ha reclamado ve lesionados en mayor medida sus intereses que aquí, puesto que no hay ningún gran proyecto que se haya visto afectado».
Mora explicó que el Consell no pretende contravenir la liberalización emanada de la directiva europea Bolkestein, sino «regular el efecto real que su aplicación puede tener en Menorca. Aquí puede ser incluso el contrario y alentar situaciones de oligopolio o monopolio de determinadas superficies en un municipio concreto. Nuestro propósito -aclaró- es regular, no prohibir».