La desaladora de Ciutadella no termina de salir del túnel. El acuerdo del Consejo de Estado de finales de año que autorizaba al Ministerio de Medio Ambiente a resolver la concesión de las plantas de Ciutadella y Santa Eulàlia y entregarlas al Govern para que las ponga en marcha aún no se ha cumplido. La entrega debía hacerse efectiva en marzo pero, dos meses después, los faxes van y vienen de Palma a Madrid sin que la administración estatal llegue a dar luz verde definitiva al acuerdo.
La Conselleria de Medio Ambiente ha redactado hasta tres borradores distintos sin lograr el consentimiento de Madrid. El motivo cabe buscarlo en la resolución del Consejo de Estado del 20 de noviembre, que se avino a pagar 19,1 millones a la concesionaria de la desaladora de Ciutadella, Acciona, y otros 25,6 a la de Santa Eulàlia, pero se reservó la opción de reclamar al Govern todo el dinero extra que pudiera derivarse de una eventual impugnación de las empresas. Y en ese supuesto, claro está, el Govern lo habría repercutido sobre los ciudadanos, encareciendo así el precio del agua desalada.
El desacuerdo es más trascendente de lo que pudiera presuponerse, pues el Ministerio solo ha pagado a Acciona 19.185.465 euros de los 30 millones más IVA que ésta le reclamaba al no haber podido explotar la desaladora de Ciutadella. Por tanto, existe un margen de 11 millones que Acciona todavía podría demandar a la Administración y que, en caso de que los tribunales así lo dictaran, debería pagarle el Govern a costa del precio de la nueva concesión y, con ella, de la futura tarifa del agua.