Los litigios en torno a la Fundació Rubió, un tortuoso recorrido por los tribunales que comenzó a la muerte del mecenas en 1994, habían finalizado pero ahora, tras el acuerdo de alquiler del patronato con el empresario Dimitri Sturdza, se han reavivado. Los herederos han cumplido la advertencia lanzada por Mercè Rubió el pasado viernes tras la aprobación del alquiler de Mongofra Nou por el resto de los miembros del patronato y han iniciado ya los pasos para interponer una demanda judicial.
Este pleito se fundamenta en lo que consideran una «venta encubierta» de Mongofra, mediante un contrato de alquiler que puede prolongarse por 60 años y en la falta de autorización para el mismo del Protectorado de Fundaciones del Govern balear.
Recuerdan los Rubió que el decreto que regula el Registro Único de Fundaciones de Balears, en su artículo 25, obliga a tener la autorización del Protectorado para «la enajenación o el gravamen de los bienes y derechos de la fundación cuando formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, y velar para que no quede injustificadamente disminuido el valor económico de la dotación fundacional».
Asimismo, en la demanda se argumenta que el contrato de alquiler de Mongofra contraviene la voluntad del fundador, Fernando Rubió, cuando creó la entidad en 1987 para fomentar el desarrollo cultural de Menorca.
Firma inmediata.
Otra queja de la familia es que ninguno de los usuarios de Mongofra, salvo Mercè Rubió en calidad de miembro del patronato, ha tenido comunicación oficial del acuerdo alcanzado para alquilar la finca. Sin embargo, el tiempo del alquiler ya ha empezado a contar. El presidente de la Fundació, Albert Moragues, confirmó este lunes que la firma del contrato con Mongofre World Heritage SL, la mercantil de Dimitri Sturdza, se produjo el pasado sábado, al día siguiente de que el patronato en votación decidiera llevar adelante la propuesta con el único voto en contra de la hija de Rubió, quien ya en ese mismo momento avanzó acciones judiciales y así se lo comunicó también al resto de patronos.
Moragues aseguró que no ha habido más contactos con la familia, afirmó entender en cierto modo su rechazo a la propuesta porque «hay sentimientos de por medio» dijo, pero aseguró que en el futuro este acuerdo permitirá a los usuarios «disfrutar» de Mongofra «en mejores condiciones, y también a la sociedad menorquina», cuando acuda a las actividades que se organicen en la finca