La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha desestimado el recurso de apelación que interpuso la Assemblea de Docents contra el sobreseimiento libre del caso de los viajes de Joana Maria Camps, decretado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Palma. Este auto es firme.
La sala, presidida por Jaime Tártalo, cuestiona la persistencia de la Assemblea de Docents contra Camps en el sentido de que «en relación únicamente a la querellada prosiga la investigación judicial por un delito de malversación de caudales públicos» cuando «de forma habitual ha sido una tónica a lo largo de las diferentes legislaturas el hecho de que los consellers provenientes de las islas menores ostentasen la representación del Govern en los actos que se celebraran en sus islas».
Da también un tirón de orejas a la Assemblea cuando apunta que «la parte querellante no ha mostrado el mismo interés en que se depuren eventuales responsabilidades penales de las personas que, como conselleras y al igual que la querellada, se beneficiaron entonces de los viajes pagados a sus islas».
Cabe recordar que Joana Maria Camps justificó sus desplazamientos con los efectuados por Joana Barceló y Pilar Costa para aclarar que esa misma situación se produjo durante el período en que fueron conselleras, «las dos en un Govern de orientación política distinta al que pertenecía la querellada», especifica la sala.
La Audiencia es clara al advertir que «guste o no, y estemos o no de acuerdo con el sistema adoptado en materia de desplazamientos de cargos públicos a actos oficiales en las islas menores», sus viajes fueron justificados por la Conselleria. Y considera que esta misma documentación presentada por el Govern es la que ha llevado al Ejecutivo a no recurrir el auto de sobreseimiento. En este sentido, el juez ve curioso que la visión de los hechos de la Comunidad Autónoma -e incide en que está gobernada por otro partido político- no coinciden con la Assemblea de Docents que insiste en apreciar indicios de delito de malversación de caudales públicos.
Por otra parte, la sala de la Audiencia considera que con la decisión de ampliar la querella al período en que Camps era directora general, la Assemblea de Docents ha pretendido solicitar una «diligencia de prueba que no guarda relación con los hechos concretos que integran la querella, con la sola intención de poder construir una nueva imputación a partir de esa documentación».