La moratoria acordada por todos los partidos, excepto Podemos, para permitir seguir construyendo en las urbanizaciones que no disponen de red de alcantarillado da un plazo de un año a los ayuntamientos para que inicien la tramitación para dotar los núcleos de servicios de saneamiento, si quieren seguir poder seguir otorgando licencias en esas urbanizaciones.
El documento acordado, que se aprobará previsiblemente en un pleno extraordinario del Parlament el 21 de julio, especifica que si en este plazo no se «contrata, redacta y aprueba el correspondiente proyecto de urbanización de dotación de servicios», la moratoria dejará de estar en vigor para ese núcleo.
Es la principal novedad respecto a la propuesta lanzada por Més per Menorca y Més por Mallorca, que era más restrictiva y pedía que solo se permitiera construir en los núcleos que ya hubieran iniciado la tramitación para dotarse de alcantarillado, sin ese año de margen.
El resto de los puntos de la moratoria son casi idénticos a la propuesta de Més. Una vez los ayuntamientos han iniciado la tramitación da otro plazo de dos años para que se adjudiquen las obras y posteriormente otros dos para el inicio de las obras. En caso de incumplimiento, la moratoria quedaría sin vigor en las urbanizaciones afectadas. Asimismo se da otro año para que la administración responsable ponga en funcionamiento el sistema de depuración.