El Tribunal Superior de Justicia ha decretado el sobreseimiento libre de causa, «por no ser los hechos constitutivos de delito alguno» y el archivo de la actuaciones de la querella contra Antoni Camps presentada en noviembre de 2013 por Miquel Àngel Maria e Ismael Pelegrí, a la que se sumaron después 238 profesores. Una carta del diputado del PP publicada en la prensa local bajo el título «Definitivamente, es una huelga política», en referencia a la huelga contra el TIL que empezaba en aquellas fechas dio origen a la acción judicial. Se acusaba al querellado de los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, amenazas y provocación al odio por razones ideológicas contra el profesorado, a los que se añadieron injurias y calumnias.
La Sala entiende que «nos encontramos ante un contexto de marcado carácter político (...) como son inequívocamente políticas las peticiones de oposición» al TIL y de la retirada de la llamada Ley de símbolos.
El auto judicial hace mención a la jurisprudencia del Supremo, que ha declarado que el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información ha modificado profundamente la forma de afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor.
También la jusrispurudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos abunda en ello, «en el contexto que nos ocupa, el canon exigible no es el de la veracidad, sino el de la libertad de expresión, primando éste sobre aquel». Además en la imputación que se pretenda calumniosa, «es preciso que la imputación sea precisa y dirigida a personas determinadas, no bastando atribuciones genéricas, vagas o analógicas».