La respuesta del presidente de la Fundació Rubió Tudurí, Albert Moragues, a la petición de dimisiones en el seno del patronato no convence a los descendientes del benefactor Fernando Rubió. No creen que algunos patronos hayan salido «limpios de los juzgados» como dice Moragues, sino que recuerdan que Hipólito Mercadal, ahora secretario y anteriormente gerente-, fue cesado en la gerencia por sentencia judicial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Maó, que le condenó a pagar 350.000 euros para resarcir los daños y perjuicios causados a la Fundació por la venta irregular del Hotel Santo Tomás.
«Lo que sucedió es que la Audiencia Provincial revocó esa sentencia porque el resto de patronos se negó a adherirse a la demanda de la familia, actuando en connivencia con el condenado, y la Fundació nunca pudo ser indemnizada», recalca el letrado de los Rubió.
Cuando la hija del mecenas presentó otra querella contra los patronos Hipólito Mercadal y José Antonio Matjí para averiguar la cuantía y el destino de los fondos de la fundación en el extranjero «presentan un certificado del HSBC que no se ajusta a la realidad porque dice que el dinero es de la Fundació Rubió, cuando en realidad la beneficiaria era Porto Magonis».
El Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) acumula en los últimos años un buen número de escándalos financieros, el más sonado a raíz de la filtración de la lista Falciani, de potenciales evasores fiscales, y es investigado por blanqueo de capitales.
Traspasos
«El patronato debe explicar por qué se hacían transferencias periódicas a cuentas de las que no sabía nada la Fundació», exige el representante legal de la familia, alguna de esas transferencias a supuestos clientes de la Fundació Rubió sin identificar. La cantidad a transferir, como consta en documento manuscrito al que ha tenido acceso el MENORCA era de medio millón de pesetas del año 1996.
«No se ha informado del movimiento de dinero, de los saldos, ni se ha acreditado la liquidación y cierre de esa sociedad, se puede dar la paradoja de que existan recursos de la Fundació en ella».
Alquiler
En la demanda de la familia contra el alquiler de la finca Mongofra argumentan la necesidad de que la operación tenga la aprobación del Protectorado de Fundaciones, algo que el patronato en principio no consideró necesario al no tratarse de una venta. Ahora reconoce que se necesita esa autorización y que el contrato es provisional pero los familiares y usuarios de la finca aseguran que los nuevos inquilinos están plenamente «instalados».
becas no dan pero más de uno tiene una trayectoria de "master"en económicas y técnicas avanzadas de fiscalidad y tal, teorías puestas en práctica con resultados por ver, eso parece, veremos el culebron como termina