No hay una decisión, a la espera de que el texto definitivo de la Norma Territorial sea oficial y vigente tras su publicación en el BOIB, pero la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución remite al recorrido seguido con la moratoria del Consell de Mallorca. Ese itinerario de oposición al freno al desarrollo de nuevas grandes superficies comerciales se halla en el Tribunal Superior de Justicia, que ha de resolver el recurso contencioso administrativo presentado por la patronal y que actualmente se halla en fase inicial.
Unidad de mercado
El primer paso en contra de la decisión del Consell será, de acuerdo con los pasos seguidos en Mallorca, una reclamación ante el Consejo de Garantías de Unidad del Mercado del Ministerio de Economía, que es quien vela por el cumplimiento de la ley publicada con la misma denominación el 9 de diciembre de 2013. «Ese el órgano que ha de valorar la legalidad de la moratoria», explica Marcos Casado Martín, quien firma las alegaciones presentadas en nombre de la Anged.
También la Cominión Nacional de Mercados y Competencia entendió que se vulneraba la competencia y presentó una reclamación al Consell de Mallorca, «si la CNMC se ha metido en ello es porque porque defiende al consumidor, su único objetivo es la protección del consumidor», agrega Casado Martín, quien entiende que con toda probabilidad la CNMC intervenga también en el caso de Menorca, por cuanto la norma cautelar aprobada ayer por el Consell «es un copia y pega» de la mallorquina.
Desde su punto de vista se vulnera la garantía de unidad de mercado, argumento prioritario sobre el que han girado sus reparos. «No hemos decidido nada hasta la publicación del texto definitivo, pero por coherencia actuaremos del mismo modo», anuncia, «no es una moratoria de tres meses sino de tres años y son muchos años de moratorias», concluye.
Por su parte el informe jurídico del Consell desmonta las distintas alegaciones recibidas, cinco en total. Aduce que la moratoria previa al Plan director sectorial de equipamientos comerciales de Menorca «tiene por objeto la suspensión temporal de licencias y no la prohibición».
La apelación a la legislación comunitaria tampoco ha tenido éxito, pues la Norma Cautelar «se ajusta a libertad de establecimiento rconocida por el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea» desarrollada por disposiciones como la Directiva 2006/123/CE. El informe justifica asimismo el interés general «y es necesaria, no discriminatoria y proporcionada» y se ajusta a Derecho «al no vulnerar de irretroactividad las normas, de confianza legítima y seguridad jurídica».