El alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Moll, declaró este miércoles durante aproximadamente una hora y media ante el juez Daniel García del Mar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciutadella, por un presunto delito de prevaricación administrativa por anular hasta 19 sanciones de tráfico sin contar con los correspondientes informes favorables de la Policía Local y/o la secretaria municipal, Catalina Pons.
El juez le había citado en calidad de investigado (antes imputado) junto a la secretaria del consistorio, el jefe de la Policía de Es Migjorn Gran y un agente del cuerpo, a raíz de una denuncia presentada por el portavoz del Partido Popular de la localidad, Ramon Verdú, el pasado 7 de junio.
A su salida del juzgado, Moll se mostró satisfecho. «Estoy muy contento de la declaración que he hecho ante el juez porque yo también tenía ganas de explicar los motivos por los que decidí invalidar esas sanciones de tráfico y dar al juez mis argumentos», declaró.
Durante la declaración judicial, el alcalde respondió a las preguntas de su abogado y también las de la letrada de la acusación particular. «He contestado explicando lo que hice, consciente de lo que hice y con la verdad por delante, no tengo que esconder nada», remarcó, a la vez que sostenía que en sus decisiones no había ningún interés personal.
Y es que el máximo mandatario político de Es Migjorn Gran siempre ha defendido que su actuación fue justa. La mayoría de las sanciones son por estacionar de forma indebida y la más alta asciende a 500 euros. Algunas de ellas, además, habían sido recurridas.
«Ahora toca desear que la justicia resuelva el caso cuanto antes mejor puesto que a nadie le gusta estar implicado en un proceso judicial de estas características», señaló Moll. El alcalde se enfrenta a una condena de entre siete y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Petición de archivo
Después del alcalde fue el turno de la secretaria municipal, que empezó a declarar sobre las 12 horas. Más de dos horas más tarde, el jefe de la Policía Local terminó de exponer su versión de los hechos ante el juez sin que se le dirigiera ninguna pregunta, motivo por el cuál su letrado reclamó que fuera citado como mero testigo.
El abogado de ambos, Carlos Dubón, defiende que ninguno de sus clientes ha cometido irregularidad alguna y que «no han incurrido en ninguna omisión, por lo que no hay motivo para juzgarles».
Por todo ello, requerirá al juez que se archive el caso y no siga adelante el proceso judicial.
Antes, no obstante, el juez tendrá que escuchar la declaración del último investigado, un agente de la Policía, y otros testimonios. Escuchadas las partes, el juez que instruye la causa decidirá si se archiva o, por el contrario, ve indicios y abre diligencias.