La última batalla de la patronal de grandes superficies comerciales, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) contra la moratoria comercial aprobada el pasado 18 de julio por el Consell tiene lugar en Madrid.
La patronal presentó el pasado 27 de julio un recurso de reclamación contra la moratoria ante la Secretaria del Consejo de la Unidad del Mercado, organismo dependiente de la Subdelegación de Competencia del Ministerio de Economía.
Anged considera que la moratoria, que no permite construir nuevas grandes superficie hasta que esté aprobado el Plan Director Sectorial de Comercio, es «incompatible» con la libertad de establecimiento, alegando que «de facto» supone una prohibición. También cree que es «discriminatoria», que «no cumple criterios de proporcionalidad para salvaguardar el interés general invocado» y que atenta a la diversidad comercial.
Ante ello, la Secretaría del Consejo de la Unidad del Mercado emitió un informe previo, concluyendo que «cabría cuestionar la necesidad y proporcionalidad» de la moratoria y que puede incurrir en «incompatibilidad con la libertad de establecimiento». El ente del Ministerio requirió al Consell, como «órgano competente» que resuelva la cuestión y le instó a emitir un informe jurídico al respecto.
El informe del Consell avala la moratoria alegando el «interés general» de la medida, para evitar «impactos territoriales y ambientales». Asegura que no vulnera la libertad de establecimiento, porque «los límites» son de carácter «excepcional», ya que no se trata de una prohibición, sino de una «limitación temporal y transitoria», con el objetivo de «evitar conductas especulativas», mientras se tramita la aprobación del Plan Sectorial.
A tenor de estas conclusiones la asesora jurídica del Consell propone rechazar el recurso. El pleno del Consell del próximo lunes desestimará formalmente el recurso de la patronal de las grandes superficies comerciales.
Posteriormente el Consell remitirá la resolución a la Secretaría del Consejo de la Unidad del Mercado, que tendrá de plazo hasta el próximo 27 de octubre, para que en caso de que lo considere oportuno presente un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en contra de la moratoria. El Consell es consciente de que es muy probable que ello acabe sucediendo, teniendo en cuenta los antecedentes de Mallorca, aunque confía en que la Audiencia Nacional le dé la razón.