Improvisación, esa es la palabra que comparten los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Ciutadella, PP y UPCM, para calificar la actuación del gobierno de Joana Gomila en relación al futuro edificio de los juzgados. El portavoz de los populares, Joan Benejam, va más allá y asegura que la alcaldesa ofrece «soluciones de titiritero» para ubicar las dependencias judiciales y que mientras tanto, en los 18 meses que ya lleva de vigencia el contrato firmado con Justicia para alquilar Can Saura., el Ayuntamiento de Ciutadella «ha dejado de ingresar 162.000 euros en concepto de alquiler» ya que «no ha pasado ni una sola factura» al Ministerio.
El PP mantiene su apuesta por alquilar el palacio dos años más otros dos prorrogables, obtener la renta acordada de 27.000 euros trimestrales y dedicar esos cuatro años a elegir la ubicación definitiva. Las opciones expuestas por el gobierno de izquierdas -el inmueble de Correos para el juzgado número dos y los terrenos de Santa Rita y una antigua fábrica como ubicación definitiva-, son tachadas por Benejam de «absurdas, no consensuadas» y que rozan lo «temerario». Recuerda el portavoz del PP que en los años más duros de la crisis, cuando el Gobierno planificó la unificación de partidos judiciales, la desaparición de los juzgados de Ciutadella «estuvo sobre la mesa» y que ese «fantasma» se puede volver a aparecer si el Ministerio se cansa de los dimes y diretes municipales.
Por su parte, Joan Triay, concejal de UPCM, critica el enorme retraso que lleva todo este proceso. «Se está demorando muchísimo, incluso el primer paso que era el estudio económico serio sobre la viabilidad del uso cultural de Can Saura no está hecho todavía, se acaba de encargar». Triay reconoce «la legitimidad democrática» del actual equipo de gobierno para cambiar de planes sobre el futuro edificio de justicia pero advierte que «sería lamentable que se perdieran estos cuatro años y que, al final, se fuera Can Saura». Para el líder de UPCM el equipo de PSM-PSOE y GentxCiutadella está demostrando «mucha improvisación, lentitud y bastante incapacidad para llevar a la práctica lo que quieren hacer». Triay ve como la única opción «relativamente viable» la de levantar el edificio en Santa Rita.
Y despues se excusan en que no tienen dinero para contratar a otro tecnico para dar salida a los permisos de obras. Llevan 5 meses de retraso, y mientras se dedican a poner multas. Que cojan este dinero y contraten a un arquitecto para que todo el mundo pueda tirar adelante sus proyectos. Ahora mismo, si entras una obra mayor para un comercio no tendras licencia hasta marzo-abril como pronto ¿como tiene que estar listo para mayo junio? Imposible. Vergonzoso