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Los restauradores creen innecesaria la nueva ordenanza de horarios de Maó

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La Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes cree innecesaria la modificación de la ordenanza reguladora de los horarios de establecimientos de oferta complementaria, espectáculos público y actividades recreativas aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Maó.

«No existe justificación que argumente la modificación de una ordenanza, más restrictiva en cuanto a horarios, para aquellos negocios que durante años han ido cumpliendo escrupulosamente con las condiciones establecidas», han señalado hoy en un comunicado.

Han advertido de que la nueva regulación, que reduce los horarios máximos de cierre vigentes, afectará directamente a la actividad de los negocios, a su subsistencia económica y a los puestos de trabajo que generan.

Por ello, la entidad presentó alegaciones a la modificación de la ordenanza proponiendo una regulación alternativa que contemplara la diferencia de actividad y necesidades entre la temporada estival y la temporada baja, puesto que la normativa fija unos horarios aplicables a todo el año.

«El horario fijo para todo el año puede ser demasiado justo para desarrollar plenamente nuestra actividad, sobretodo en temporada turística», han recalcado.

La asociación ha asegurado que la nueva ordenanza complicará la viabilidad económica y la subsistencia de los establecimientos de ocio al imponer el cierre dos horas antes. «No se trata de horas donde la facturación de este tipo de locales sea residual, sino que es su principal nicho de negocio», han subrayado.

Por otro lado, los restauradores se han mostrado en desacuerdo con el hecho de que, con carácter general, las terrazas deban estar recogidas a las 22.00 horas. «Reclamamos que se definan claramente los aspectos y criterios que tendrá en cuenta el Ayuntamiento a la hora de autorizar o no la terraza más allá de esa hora», han manifestado.

Finalmente, han insistido en que mantener el orden en el exterior del local es competencia y responsabilidad de las fuerzas de seguridad públicas y no de los establecimientos, algo que consideran «ilógico e injustificado».

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