Las viviendas que la Sociedad de gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cedió al Govern hace un año no cumplen las mínimas condiciones de habitabilidad y, por tanto, no pasarán a formar parte de la bolsa de pisos de protección oficial que el Ibavi tiene en Menorca.
El convenio firmado en octubre de 2015 entre ambas instituciones estipulaba que la Conselleria de Territorio Energía y Movilidad disponía de un presupuesto máximo de 7.000 euros para invertir en cada una de las viviendas con el objetivo de adecuarlas, reformarlas y adecentarlas y así ponerlas a disposición de los ciudadanos más necesitados a través del programa de alquiler social.
No obstante, las nueve viviendas cedidas por el llamado banco malo en la Isla tienen deficiencias que requieren de una inversión superior por parte del Govern, motivo por el cual han sido rechazadas al no cumplir los requisitos exigibles por convenio.
Se encontraban repartidas entre Ciutadella, Maó y Es Castell aunque se desconoce la ubicación exacta de cada una de ellas así como su estado de deterioro.
Fuentes del Ibavi explican que actualmente se está en proceso de crear una comisión que evalúe la situación y analice si es mejor abrir un procedimiento de retorno de los pisos o bien tratar de alcanzar un nuevo acuerdo con la Sareb para la cesión de otras viviendas con la garantía de que cumplen con las condiciones pactadas.
Así pues, el Ibavi no podrá ampliar la bolsa de viviendas de alquiler social, al menos por esta vía, pese a la gran demanda existente y al tortuoso proceso de adjudicación posterior.
Actualmente hay 140 personas que viven en pisos de protección oficial y se está en proceso de adjudicar 63 más. Sin embargo, la lista de espera supera las 300 personas, según la lista de admitidos publicada el pasado julio en el BOIB.
El convenio entre el Govern y la Sareb tiene una duración de cuatro años, de los que ya ha pasado uno, y contempla una contraprestación económica de entre 75 y 125 euros mensuales por cada vivienda.
El acuerdo fue anunciado a bombo y platillo en su momento puesto que permitía «paliar la grave problemática actual de falta de viviendas de alquiler a precios asequibles, especialmente para las personas con una mayor situación de vulnerabilidad económica y social», rezaba el comunicado de prensa emitido en su día por la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad. Era una medida que pretendía «hacer efectivo el compromiso de facilitar el acceso a la vivienda desarrollando políticas activas de vivienda, abandonadas durante la anterior legislatura», aunque no ha salido como se esperaba.
El número de viviendas que la Sareb puso a disposición del Govern era de 75 en toda Balears, repartidas entre 25 municipios. Fue el quinto ejecutivo autonómico en alcanzar este tipo de acuerdos, después de Catalunya, Aragón, Galicia y País Vasco.