Quince años de cárcel y 36 de inhabilitación para empleo o cargo público es la petición que plantea el fiscal para Llorenç Brondo en su escrito de conclusiones sobre el caso Citur.
Pedro Horrach le imputa delito continuado de prevaricación, en concurso medial con el delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con el delito de falseda documental, que parcialmente suponen una petición de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación. A esa petición suma 3 de prisión por delito continuado de fraude a la administración y 10 de inhabilitación. Añade 4 más de prisión, multa de 24 meses a razón de 10 euros diarios y 6 años de inhabilitación por el delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos.
El exconcejal de turismo Gabriel Cardona y el exteniente de alcalde Avel·lí Casasnovas reciben el mismo trato, idéntica acusación y la misma petición de pena.
Entre los empleados públicos, el más penalizado en las conclusiones de la Fiscalía es Santiago Saura Pradas, asesor jurídico y se cretario del Ayuntamiento de Ciutadella. Para él también solicita 15 años en total.
Son elevadas igualmente las peticiones de pena para los empleados municipales «que actuaban a las órdenes de Brondo, Casasnovas y Cardona». Solicita 11 años de cárcel y 15 de inhabilitación para Sara Ester Allés, técnico de administración general; Soledad Navarro, técnico de turismo; y José María de Simón Chueca, asesor jurídico del Ayuntamiento encargado de redactar los pliegos de cláusulas administrativas en los procedimientos negociados sin publicidad y de realizar informes jurídicos para garantizar el cumplimiento de la legalidad.
Maria Teresa Bagur, auxiliar administrativa del área del Turismo es la empleada que sale mejor parada en el escrito del fiscal, quien pide para ella 4 años de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 10 euros y 6 años de inhabilitación.
Los dos empresarios acusados en esta trama en la que aparecen implicadas 13 personas reciben peticiones de 9 años de cárcel y 15 de inhabilitación Javier Liy, titular de las empresas adjudicatarias de los proyectos, y de 6 Juan Manuel Mercadal por una adjudicación considerada fraudulenta.
Para los tres restantes acusados en el caso de la empresa turística de Ciutadella, el ingeniero Daniel Aguiló y las concejalas Antònia Gener y Antònia Salord, las solicitudes de pena son 9 años de privación de libertad más inhabilitación y, por lo que respecta a las dos exregidoras, multa similar a la solicitada para el excalde, 24 meses a razón de 10 euros diarios.
Medio millón de indemnización al Ayuntamiento por 31 hechos delictivos
Además de las peticiones de prisión, el escrito de conclusiones indica que los acusados indemnizarán al Ayuntamiento en concepto de responsabilidad civil, «conjunta y solidariamente», por una cantidad global de 522.773 euros. Ese montante se desglosa en dos apartados, relacionados con los hechos delictivos descritos en las conclusiones del fiscal.
El primer bloque asciende a 339.197 y responsabiliza de ella a Gabriel Cardona, Llorenç Brondo, Avel·lí Casasnovas y Javier Liy, si bien en cantidades parciales la responsabilidad se comparte además con algunos de los empleados municipales que también aparecen en la acusación.
Del segundo apartado, cuya suma asciende a 183.576 euros, se responsabiliza a Llorenç Brondo, Antònia Salord, Antònia Gener, Gabriel Cardona y Juan Manuel Mercadal, y al igual que en el primer bloque la aportacion «solidaria» incluye a empleados municipales. En la pormenorizada relación de los hechos, en los que testificaron más de veinte personas, el fiscal enumera hasta 31 hechos delictivos.