El Govern está dispuesta a llegar hasta el final para dejar sin efecto la normativa que limita el descuento de residente en grupos, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero. El primer paso ha sido formalizar un requerimiento ante el Ministerio de Fomento para que anule o modifique la resolución.
En caso de que el Estado haga caso omiso a la petición, el Govern interpondrá una recurso contencioso-administrativo ante los tribunales. El Ejecutivo autonómico deja claro que «es imprescindible suspender la entrada en vigor de la medida para que se pueda negociar su contenido entre el Estado y la Comunidad Autónoma».
El requerimiento que plantea el Govern cuestiona tanto la forma de resolución como su contenido. Entiende que una normativa de este tipo debe tomarla el ministro mediante una orden ministerial y no con una resolución de la Dirección General de Aviación Civil.
Recuerda también que, según el Régimen Especial de Balears, cualquier cambio de la cuantía de la subvención a los residentes en materia de transportes tendrá que ser objeto de consulta y que, en ningún caso, podrá suponer una disminución de las ayudas ya acordadas. Desde la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad, advierten además que la tarifa máxima fijada para aplicar el descuento no responde a la realidad.