La Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad del Govern se ha puesto manos a la obra para hacer frente a los impagos que afectan al alquiler de viviendas públicas gestionadas por el Ibavi. Durante el mes de noviembre ha renegociado a la baja una decena de cuotas a arrendatarios que no abonaban la factura. El objetivo es adecuar el importe a los ingresos de los beneficiarios, de modo que el pago del alquiler no suponga un esfuerzo demasiado grande como para que no se haga efectivo.
Desde el Ibavi calculan que el precio del alquiler debe representar un máximo del 30 por ciento de los ingresos, aunque puede rebajarse hasta el 5 por ciento si el arrendatario acredita que apenas tiene modo de subsistencia o cargas familiares importantes.
La mayor parte de las rebajas, siete concretamente, se han hecho de oficio, es decir, por iniciativa propia del Ibavi. Las tres restantes han sido como consecuencia de la petición de los afectados. Y es que en algunos casos las condiciones económicas de los usuarios han empeorado, por lo que precisan de una revisión del precio del alquiler.
Con esta medida el Govern pretende reducir la morosidad, que asciende a 250.515 euros en la Isla, y sacar a la luz aquellos casos en los que los beneficiarios se niegan a pagar pese a tener ingresos suficientes. Una situación que en ocasiones se ha cronificado, aseguran desde el Ibavi. Para evitarlo el Govern está dispuesto a tomar medidas drásticas como desahuciar a los inquilinos, en el peor de los casos.
Por el momento, se les notificará con una carta de la posibilidad de adecuar la cuota a su capacidad económica.