El Consell se dotará a partir de mañana lunes, cuando se debatirá y aprobará en pleno, de un Código de Buen Gobierno que establece medidas para combatir la corrupción como poner fin a la posibilidad de nombrar, por el sistema de libre designación, a secretarios, interventores y tesoreros, cuyos informes no favorables o negativos llevarán a «paralizar o rectificar inmediatamente un expediente administrativo, hasta que sea conforme a éstos».
A estas dos medidas se suman las de favorecer «la obligación de permitir el acceso y las consultas a las reuniones públicas por parte de asociaciones vecinales o ciudadanas, en lo relativo a las cuentas y la gestión pública» e impulsar una regulación para el control de los conflictos de interés, del sistema de declaración de bienes, de las incompatibilidades «y de las puertas giratorias».
La consellera de Servicios Generales, Participación Ciudadana y Vivienda, Cristina Gómez, defenderá el nuevo código ético para los representantes y directivos públicos, que les obligará a declarar sus bienes en la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, con el objetivo de controlar posibles enriquecimientos ilícitos; igualmente se recoge la exigencia de presentar declaración de participación en cualquier tipo de sociedad, al comienzo y al final de su paso por la institución. El documento establece asimismo que se abstengan de realizar «cualquier tipo de actividad privada que, directa o indirectamente, entre en conflicto con los intereses públicos locales de su responsabilidad».
Presupuestos
El código -que pretende ser algo más que un documento que recopile normas, valores y deberes de la Administración y convertirse en «un instrumento que permita instalar procesos» para mejorar la gestión-, hace hincapié en la necesidad de «respetar la disciplina presupuestaria y financiera para garantizar la correcta administración de los recursos públicos». Apuesta además por la fórmula de los presupuestos participativos, en los que la ciudadanía participa en la definición de los proyectos necesarios y en los objetivos prioritarios de gestión de las entidades locales.