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Maó defiende el acuerdo con Hidrobal para evitar una demanda de la empresa

La ‘contrata' amenazó con los tribunales: «Sería arriesgado un juicio porque hay culpa del Consistorio»

La alcaldesa de Maó defiende que se soluciona «un marrón» heredado

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Era una situación heredada que amenazaba con acabar en los tribunales y ante la que el actual equipo de gobierno ha trabajado durante un año y medio para, por un lado, aclarar los pagos que reclamaba la empresa por inversiones realizadas diez años atrás y, por otro, para terminar con la situación de descontrol que existía. Así defendió este miércoles la alcaldesa de Maó, Conxa Juanola, la addenda al contrato acordada con la compañía , que «nada más llegar nos dijo que nos llevaba a juicio. Era arriesgado porque, aunque la empresa también tenía responsabilidad, quien no había hecho el trabajo como tocaba es el Consistorio».

Juanola se refirió a la situación de «descontrol total» denunciada por el informe de Servicios Económicos del Ayuntamiento: «Es cierto que ha habido una falta de control durante muchos años, pero no era por un mal uso o un mal servicio, sino porque administrativamente no se había hecho el trabajo de ir informando y recepcionado los trabajos de Hidrobal».

Ante esa situación, «que no es de ahora» –insistió–, el actual equipo de gobierno, explica Juanola, encargó a los servicios económicos y jurídicos que analizase el contrato con Hidrobal. «Cada tres meses hemos hecho una reunión para ir contrastando las inversiones y obras que reclamaba Hidrobal». Como resultado de ese trabajo y basándose en el informe jurídico que avala la posibilidad de resolver el asunto con una addenda, se optó por un acuerdo con el que, no solo se liquidan los saldos pendientes de ambas partes, con resultado de una subida no lineal del agua y de un pago o subvención de 1,89 millones de euros hasta 2027, sino que también, ante las carencias reveladas en el cumplimiento del contrato, se vuelven a recordar las obligaciones por parte de la concesionaria: la obligación de disponer del correspondiente inventario de las infraestructuras e instalaciones relativas a la concesión, la fijación del procedimiento de gestión de las obras que se le encargan y la obligación de ingresar en el Ayuntamiento las cantidades recaudadas.

«Sin normalizar la situación no podemos exigir que cumplan. Si luego no cumplen, podemos rescindirlo o hacer una auditoría externa, pero primer había que normalizar la situación», reiteró Juanola, quien explicó que una vez arreglados los pagos pendientes a la empresa («son obras que se hicieron y que había que pagarlas», quiso dejar claro), se ha retomado el control de la concesionaria.
«Era un problema que nadie había encarado», explicó Juanola en alusión «a años anteriores y por supuesto a los cuatro años de gobierno del PP, que subió el agua un 5,7 por ciento sin normalizar la situación a pesar de que tenía la misma solución que nosotros encima de la mesa», lamentó.

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