El PP de Maó ha presentado seis alegaciones a la ordenanza de subida del agua aprobada inicialmente por el equipo de gobierno y advierte que, en el caso de que no se acepten, no resistiría una impugnación porque –a la vista de la jurisprudencia existente–, «en la vía jurisdiccional se podrá declarar su nulidad de pleno derecho» con efectos retroactivos.
Con la primera alegación sustenta ese «vicio de nulidad» en la ausencia de un estudio económico-financiero independiente de la empresa concesionaria que justifique el coste del servicio y el rendimiento de las tarifas, tal y como establece la Ley de Tasas y Precios Públicos: «Este informe no puede ser suplido con un informe que simplemente se limita a dar por bueno lo propuesto por una empresa privada», denuncian los populares.
Esta ausencia imposibilita, por un lado, conocer «cuál será la subida real del agua» y, por otro, saber si efectivamente se ha roto el equilibrio económico-financiero, el argumento que utiliza la empresa para solicitar una subida de las tarifas. Esas carencias, insisten desde el Grupo Popular, «suponen un vicio de nulidad que afecta tanto a la ordenanza como a las liquidaciones giradas en su aplicación».
La segunda alegación del PP hace hincapié en la falta de ese informe sobre los costes del servicio, lo que, denuncian, impiden conocer la razón por la que los mahoneses pagan el agua más cara de la Isla y, sin embargo, las tarifas no logran cubrir el coste del servicio, como argumenta la empresa. En ese sentido, otra de las alegaciones recuerda que el agua que llega a los grifos de los ciudadanos no es potable, lo que incumple la Ley de Bases de Régimen Local, que establece literalmente que la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario debe ser de «agua potable».
La empresa alega en ese sentido que se ha producido una reducción del consumo de agua y el PP entiende que, respondiendo a esa demanda «estamos castigando a la población que realiza un consumo más responsable de un bien escaso».
Los populares recuerdan asimismo que en 2002 el pleno aprobó ampliar el contrato de la concesionaria veinte años más (antes de que se terminara el plazo) y que se justificó por la necesidad de tiempo para amortizar inversiones sin subir tarifas. Esas inversiones se iban a llevar a cabo en Sa Mesquida, Es Murtar, Llucmaçanes, Binixíquer, Canutells y Sant Antoni: «Las únicas que se han hecho han sido en Llucmaçanes. Se han incumplido totalmente los motivos que justificaron la ampliación del contrato o se faltó a la verdad en el pleno», denuncian desde el PP.
Ahora, explican los populares, la lista de inversiones con la que se trata de justificar la addenda al contrato «son obras públicas ejecutadas incumpliendo el procedimiento de contratación pública, por lo que son contratos nulos de pleno derecho. Resulta totalmente ilegal su repercusión en la tarifa del agua o en la addenda del contrato», defienden.
Entre esas inversiones, advierten, se encuentran también algunas de mantenimiento como reposición de canalizaciones ya existentes y detección de fugas, por lo que, según el contrato, deberían correr a cargo de la empresa y no del Consistorio. También advierten que se pretenden repercutir en las tarifas no solo inversiones, sino también gastos, como el suministro de agua de Sant Climent mediante cubas: «Se repercute a los ciudadanos el riesgo empresarial que asume el concesionario».