Era un David contra Goliat. Empresas contra Administración. Y la justicia se ha posicionado. Las gasolineras de bajo coste ya no están obligadas a contar con personal siempre que estén abiertas. Así lo ha dictado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears al estimar parcialmente un recurso interpuesto por las 'low cost' Galp y Auto Net&Oil contra el decreto aprobado por el Govern de José Ramón Bauzá en mayo de 2015 y que obligaba, en su artículo séptimo, a la presencia de un trabajador en todas las instalaciones automatizadas de venta al público de gasolina y gasóleo.
El Tribunal, presidido por Gabriel Fiol, declara nulo este artículo porque impide la implantación de un modelo de estación de servicio, el de gasolineras desatendidas, que la normativa estatal sí permite. Se trata, dicta el Tribunal, de una «colisión» entre la normativa estatal reguladora de las estaciones de servicio y la de la Comunidad Autónoma que defiende a los consumidores y usuarios. Y deja claro que un decreto de consumidores no puede prohibir y, por tanto, derogar de facto, uno de los modelos permitidos.
Además, con esta modalidad de estaciones de servicio, el cliente sabe y conoce que el combustible se lo expedirá una máquina y que el proceso está automatizado. Es así como el Tribunal considera que «los derechos de ese consumidor han de garantizarse, pero respetando el modelo establecido, sin modificarlo ni desvirtuarlo». La normativa cuestionada obstaculiza a su vez el derecho de poder ejercer el libre ejercicio de actividad.