El ministro de Fomento espera «una propuesta mejorada» de tarifa plana del Govern balear para poder defenderla ante la Comisión Europea. De la Serna, en una intervención ayer en el Congreso, en respuesta al diputado socialista Pere Joan Pons, remitió a una reunión entre el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, y el conseller balear de Movilidad, Marc Pons, prevista para ayer pero que ha sido pospuesta, según fuentes del ejecutivo autonómico.
De la Serna explicó que el Gobierno vetó la iniciativa porque suponía un «importante aumento» de gasto que no está contemplado en los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no puede tramitarse con unos Presupuestos prorrogados. Pero además, recordó que el pasado 3 de enero él mismo acordó con Francina Armengol, «trabajar conjuntamente en la implantación» de esa tarifa única, estudiando la propuesta que remitiese el Gobierno autonómico y recabando el visto bueno de la Comisión Europea.
Desde entonces, ha dicho, la Dirección General de Aviación Civil ha recibido la propuesta, la ha analizado junto a los técnicos del Gobierno y han determinado «la necesidad de mejorar la propuesta inicial», que es lo que ahora espera el Ministerio, que ha pasado la responsabilidad del retraso a la administración autonómica.
Además, ha aprovechado para decir a los socialistas que ellos también hicieron uso del veto en casi cien ocasiones durante su último gobierno y que el Ejecutivo ha cumplido «el cien por cien de los compromisos con el Gobierno balear».
Pere Joan Pons
La respuesta del ministro no satisfizo al diputado socialista. Pere Joan Pons le acusa de hacer oposición a la ciudadanía de Balears y de «bloquear un acuerdo unánime de las Islas». En su primera pregunta al Ejecutivo, Pons ha recordado las promesas incumplidas del presidente Rajoy, quien en campaña se comprometió a desarrollar la tarifa plana y recordó al ministro que también el PP de las Islas votó a favor de esta fórmula. Además recordó a De la Serna que con el veto de la semana pasada va contra 67 entidades sociales y económicas que están pidiendo la modificación del REB y que es una cuestión de mera voluntad política.