La tramitación urgente del expediente de contratación de las obras del primer tramo de la carretera general no está justificada ni tampoco se recomendaba reducir el plazo de ejecución de las obras, que fue uno de los criterios de adjudicación del contrato (7.574.000 euros). Son dos de las anomalías -advertidas ambas por el interventor y los servicios jurídicos del Consell- recogidas en el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a los contratos públicos de los consells insulares en el periodo 2011-2014.
La urgencia es aprobada en enero de 2013 por el Consell Executiu con una declaración de interés insular del proyecto, pero la resolución de inicio del expediente no llega hasta diciembre de ese año, «la reducción de plazo no puede afectar los plazos establecidos para facilitar información a los licitadores y para presentar propuestas», dice la Sindicatura.
Por otra parte, advierte que la reducción del plazo de ejecución «es una forma de discriminar valores anormales o desproporcionados» que no ha de incluirse en los criterios de valoración, las fórmulas han de permitir siempre puntuar más la mejor oferta «y, en todo caso, establecer otros criterios para determinar las ofertas que se consideran anormales o desproporcionadas».
Tampoco recomienda el informe jurídico aplicar la fórmula de redistribución proporcional de la puntuación total entre los concursantes «porque podría desvirtuar el peso relativo de cada uno de los subcriterios de la valoración técnica ya efectuada y altera la valoración de la ponderación al otorgar el máximo de puntos a la mejor oferta independientemente de su puntuación real. No es correcto igualmente incluir como criterio evaluable el aumento del plazo de garantía hasta dos años ni la fórmula utilizada para desincentivar bajas elevadas, «puesto que ley ya establece otros mecanismos para tratar las bajas anormales o desproporcionadas». Además, el contrato firmado no hace referencia expresa después al aumento del plazo de garantía, a pesar de haber sido un criterio estimado en la resolución del concurso.
190.901 euros al margen
El informe de la Sindicatura también pone de manifiesto que se han ejecutado al margen del contrato y del proyecto aprobado unidades de obra por un importe de 190.901 euros, un gasto que finalmente se autorizó por vía de reconocimientos extrajudicial de crédito en la resolución del contrato en febrero del año pasado por la nueva corporación insular.
Hasta la fecha de la rescisión no constan los documentos justificativos de las transferencias realizadas para el pago de los trabajos dentro de los términos establecidos, una irregularidad detectada en todos los casos analizados.
El de la carretera Maó-Alaior es uno de los ocho contratos del Consell de Menorca fiscalizados a modo de muestra por la Sindicatura.