El conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, no logró ablandar a la ministra Isabel García Tejerina para que asuma parte o la totalidad de los 20,2 millones de euros que reclama por el rescate de la desaladora de Ciutadella, que todavía no ha entrado en funcionamiento. Ante la negativa, ambas partes se emplazaron a la vía judicial para clarificar quién debe hacerse cargo del pago a la empresa concesionaria.
Vidal se mostró crítico con la forma de actuar del Ministerio recordando que el Estado «se ha mostrado benevolente con las concesionarias, las cuales rescató y ahora quiere repercutir este coste a los ciudadanos de Balears». Ante esta situación, «nosotros seguimos velando por los intereses de nuestros ciudadanos», aseguró al término de la reunión celebrada ayer en el Ministerio.
Cabe recordar que Govern y Ministerio habían alcanzado un acuerdo político en mayo del año pasado por el cual la Conselleria se encargaba de conectar las instalaciones a la red y el Gobierno central rescataría la concesión de las desaladoras sin ningún coste adicional. Sin embargo, en el acuerdo de traspaso de la instalación, existía una cláusula por la que el Ministerio podría reclamar el importe abonado. Efectivamente, el pasado 26 de octubre recibieron dos resoluciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, por las que exigía los 20,2 millones además de otros 26 millones por la desaladora de Santa Eulària. Casi 50 millones de euros en total.
Unas resoluciones que causaron gran indignación y ante las que el Govern ya ha presentado recurso de reposición. La reunión de ayer no sirvió para acercar posturas.
Pito, pito, colorito... qué bien, te toca a tí. Ellos van, todos se ríen, nos pegamos una comilona y ala, a pagar los de siempre, los contribuyentes, aunque la obra esté sin uso y haya costado una fortuna. Así es la política que estamos sufriendo cada día.