El fiscal solicita una pena de diez años de prisión al socialista menorquín Francesc Triay Llopis, que fuera presidente de Autoridad Portuaria entre 2007 y 2011, por su participación activa en la trama de corrupción de Autoridad Portuaria de Balears en la concesión de amarres de los puertos de Maó -a los que también aspiraba el Club Marítimo de Mahón-, y Eivissa bajo la denominación del caso 'Mar Blau'. En su escrito de acusación, incluye a doce acusados, entre ellos, Angel Bustos y Jaume Ferrando, relacionados exclusivamente con el concurso para la gestión de amarres de La Sabina-Formentera.
Triay Llopis sustituyó a Juan Verger, ya fallecido, al frente de APB y durante su mandato se adjudicó a Trapsa tanto los amarres de Maó como los de Eivissa. El fiscal le acusa de los delitos de alteración de subastas y concursos públicos, fraude a la administración, prevaricación y tráfico de influencias. Por su parte, Ángel de Matías, exdirector de APB, es el otro gran señalado en la práctica de amaños con los delitos de revelación de secretos, fraude, infidelidad en custodia de documentos, prevaricación y malversación. Además de los 8 años y 8 meses por su participación en el puerto de Maó, el fiscal le pide otros 8 años de cárcel por su implicación en la de La Sabina-Formentera.
Entre los diez acusados por los amarres del puerto de Maó y la adjudicación de Ibiza Nueva, y el contrato de asistencia técnica sobre el plan director del puerto de Maó, suman una pena conjunta de 31 años y 10 meses, con multas próximas a los 40.000 euros.
Parte de los inculpados incluidos en el procedimiento abreviado que tramita el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, ocupaban cargos relevantes de la Autoridad Portuaria. Entre ellos se concertaron con los otros acusados que gestionaban las empresas Trapsa y Teinver -sociedad vinculada a la primera- para favorecerse en esta trama de corrupción. Entre ellos figura Gerardo Díaz Ferrán, propietario de Trapsa, expresidente encarcelado de la CEOE y el militar Juan Carlos Rodríguez Toubes.