Sin acceso a un piso del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) por tener pocos ingresos. Esta realidad ha tenido que digerir Alonso Jaime Garceso, de 34 años. Y es que, uno de los requisitos que establece este organismo público, tal como denuncia la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), es que las personas podrán optar a una vivienda del parque público si justifican un mínimo de ingresos de 600 euros durante los seis primeros meses de alquiler, una condición que tachan de «antisocial» e «inexplicable».
Alonso Jaime Garceso llevaba tiempo residiendo en un piso de Es Castell, pero a principios de año tuvo que abandonarlo al no renovarle el contrato. Al conocer esta decisión, en noviembre inició los trámites para acceder a un piso del Ibavi. Sus ingresos eran 426 euros, al ser beneficiario de una Renta Activa de Inserción. Y su sorpresa fue monumental cuando al publicarse las listas, no apareció ni en la de aceptados ni denegados. Según les explican, cuando se incumple un requisito, la solicitud ya queda descartada y no aparece.
Tras abandonar el piso de Es Castell, y a la espera de la resolución del Ibavi, Garceso recurrió al Ayuntamiento de este mismo municipio para encontrar una solución a su caso. Pudo acceder, junto a su pareja, a un piso de emergencia social, del que también tuvieron que salir cuando empezó a trabajar. Consiguió un empleo en un centro de inserción social que se dedica a la limpieza de torrentes y caminos rurales. Comenzó a mediados de febrero y el contrato concluye, inicialmente, el mes que viene. Garceso tiene una minusvalía reconocida del 37 por ciento. Ahora residen en Maó con un familiar.
Anna López, miembro de la PAH, asegura estar sorprendida, primero, por esta cláusula que lo que consigue es excluir de una vivienda pública a los más vulnerables y, segundo, por haber realizado todos los trámites requeridos para solicitar un piso y que en ningún momento les informaran de que no iba a prosperar. Además, explican que incluso se avanzó hacia unos pisos de emergencia del Ibavi, no obstante, les insistieron de que en breve iban a salir las listas.
«Los pisos deben ser para quienes más los necesitan, hay personas en situación de precariedad laboral, jubilados o parados de larga duración que quedarán fuera de la convocatoria por no cumplir el mínimo exigido», alertan. Una situación que va a dejar a muchas personas en la cuneta. Toda esta situación se agrava, advierten, con el constante encarecimiento de los precios y un parque cada vez más reducido al destinarse a alquiler turístico.
La situación les lleva a plantear qué función tiene el Ibavi. «Debería ampliar el parque público de viviendas para impedir que el mercado sea el único que regule los precios, es decir, cabe intervenir en el precio de mercado, pidiendo ingresos no lo van a conseguir».
Intuyen que esta situación acabará teniendo sus efectos en los ayuntamientos, porque ante la necesidad de acudir al mercado libre, más gente necesitará ayudas para pagar el alquiler.
En lugar el pescado, se debería dar la caña para que pescarán.