La oficina de la vivienda que impulsa el Consell contará con un mínimo de tres técnicos y tendrá un coste de 132.041 euros al año. El departamento de Servicios Generales y Vivienda externaliza la gestión de este servicio. Las bases del concurso público que acaba de licitar el Ejecutivo insular establecen un mínimo de personal de tres personas, que corresponden a un trabajador social titulado con una experiencia mínima de cinco años, un abogado con la misma experiencia y un auxiliar administrativo con titulación. No obstante, el adjudicatario del servicio puede, si así lo considera oportuno, ampliar esta cartera de profesionales. Esta oficina ocupará el mismo espacio donde se ubica la oficina del Ibavi, en la calle Carme de Maó.
Este servicio se prestará tanto en horario de mañana y tarde. Las bases establecen que los profesionales dedicarán un mínimo de 20 horas a la semana a trabajo efectivo y otras 20 horas a atención al público. Cabe recordar que esta oficina se incluye como una de las prioridades del plan de actuaciones en materia de vivienda que impulsará este año el Consell. Se licita por un periodo de dos años, prorrogables a otros dos, cuyo coste global de los cuatro ejercicios alcanzará los 528.164 euros.
Esta oficina pretende ofrecer una cobertura integral en materia de vivienda. Se dedicará a informar y asesorar social y jurídicamente a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, desahucios y cláusulas abusivas. También harán de intermediaria en lo que respecta a hipotecas ante entidades bancarias, comunidades de propietarios y suministradores de servicios básicos. Dará apoyo en determinadas actuaciones judiciales, además de intervenir con colectivos en riesgo de exclusión. También se encargará de coordinar y colaborar con los servicios sociales comunitarios básicos de los ayuntamientos. La elaboración de censos, diagnósticos, planes y propuestas de actuación dirigidas a mejorar la situación habitacional de los ciudadanos de Menorca irá también a cargo de la nueva oficina.
Las ofertas pueden presentarse hasta el 10 de julio y el 27 se abrirá la oferta económica. Según establece el pliego, la oferta económica tiene un peso de 40 puntos y la mejor programación tendrá una valoración máxima de 45 puntos. Los 15 restantes se reparten entre criterios ambientales y sociales.
¿No es la conselleria responsable Cristina Gómez de Podemos? o depende de Palma, bueno menos mal que es Podemos por qué si fuera el PP se les tirarían a la yugular por externalizar un servicio básico como la vivienda?