El Gobierno británico ha decidido pasar de las palabras a los hechos ante el aluvión de denuncias por falsas intoxicaciones que los turistas de su país presentan en destinos como España con el fin de que las vacaciones les salgan gratis. La medida anunciada este lunes desde Londres consiste en dar facilidades a los turoperadores para pleitear contra la conducta fraudulenta de sus clientes.
El Ejecutivo de Theresa May está preocupado por dos motivos. Por un lado el deterioro que se está provocando en la imagen de los turistas británicos en los destinos europeos y, por otro, el aumento de precios que los intermediarios están aplicando a los paquetes turísticos reservados por británicos con tal de hacer frente al sobrecoste que representan estas reclamaciones. Un fenómeno al que no son ajenos los hoteles menorquines.
A finales del mes de junio el Gobierno de España reclamó a Reino Unido un cambio legislativo que exigiera «pruebas más concluyentes» a la hora de realizar reclamaciones para acabar con las falsas denuncias por intoxicaciones alimentarias entre los turistas británicos que visitan los destinos españoles.
Tres años de plazo
Según la legislación británica, los turistas de Reino Unido pueden realizar las reclamaciones fuera de su país hasta tres años después de haber abandonado la región donde pasaron sus vacaciones
El Gobierno británico prepara un proyecto de ley para limitar los costes legales que las compañías tendrían que afrontar si van a juicio ante las denuncias fraudulentas, con el objetivo de que no rechacen de antemano acudir a los tribunales y frenar así las faltas reclamaciones, según recoge el medio británico «Daily Mail».
Como primera medida, se quiere acabar con la laguna legal que permite a los turistas británicos reclamar tras tres años de haber visitado su destino. «La solución comienza con el cierre de esta laguna legal para que los operadores turísticos sepan que pueden defenderse contra los estafadores sin tener que pagar grandes costes», ha afirmado la primera ministra.
Algunos hoteles han tenido que desembolsar hasta 500.000 euros para hacer frente a este tipo de denuncias, que se han disparado en el último año.