Con discrección absoluta, el Consell lleva varios meses trabajando en la zonificación que le encomienda la nueva ley turística. Le corresponde como administración competente en la ordenación territorial y turística, que gestiona la propia presidenta Susana Mora. El aparente revés sufrido en el debate parlamentario en cuanto al veto a los alquileres en edificios plurifamiliares no altera el calendario de trabajo, que ha puesto esta planificación en manos del equipo que elabora el nuevo PTI.
El acuerdo del pleno del Consell fijando la delimitación, características y condiciones de las zonas donde se permita el alquiler vacacional o estancias turísticas se adoptará antes de fin de año. Al menos esa es la intención de la presidenta, quien no obvia un elemento importante del proceso como es la negociación de esos criterios con los ayuntamientos. A ello se dedicará las próximas semanas con el propósito de que en agosto se haya alcanzado un acuerdo con los municipios, «son los auténticos gestores de su territorio respectivo y su opinión es importante», afirma Mora.
De acuerdo con sus previsiones, una vez aprobada la zonificación, paso importante para el desarrollo de la norma turística aprobada este martes, se levanta la moratoria de doce meses como máximo que la propia ley establece para la concesión de nuevas licencias, un plazo que inicialmente era de ocho meses y que se ha ampliado con el fin de facilitar el trabajo -que se supone complejo- de los Consells para determinar las zonas autorizadas.
Mora no adelanta los criterios a la opinión pública en tanto no se hayan tratado con los ayuntamientos. En principio, de acuerdo con las opiniones expresadas hasta ahora por los alcaldes, se declararían zonas aptas para el alquiler vacacional todos los núcleos turísticos, se excluirán los barrios de viviendas plurifamiliares de núcleos tradicionales y se discuten determinadas tipologías como las casas de trast.