El paisaje de algunas de las playas más atractivas de Menorca sufre estos días la invasión de embarcaciones de recreo que fondean formando verdaderos cámpines marítimos, una práctica que, si se hace fuera de las zonas de baño y respetando las praderas de posidonia, es perfectamente legal. El problema, según denuncian los vecinos de algunas de estas zonas, surge cuando las embarcaciones superan el periodo máximo de 24 horas para estar ancladas en el dominio público marítimo.
Uno de los muchos ejemplos de la presencia masiva de estas embarcaciones se ha vivido en los últimos días en la playa de Binigaus, en la que han llegado a coincidir más de medio centenar de barcos. Algunos de ellos, según denuncian vecinos que ya se han puesto en contacto con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, llevan fondeados en el mismo punto desde principios de agosto, una práctica que no está permitida y que genera un agravio para aquellas embarcaciones que pagan por disponer de puestos de amarre y que algunos días encuentran dificultades para lograr espacio donde fondear.
Poca vigilancia
Pocos recuerdan tanta presencia de yates y veleros como la que se está viviendo en los días punta de este verano, aunque desde la delegación de la Demarcación de Costas en Menorca aseguran que no han recibido denuncias formales sobre la presencia continuada de embarcaciones en un mismo punto de la playa. Lamentan no obstante que se encuentran con serios problemas para controlar este tipo de prácticas por la falta de efectivos, solo tres vigilantes para cubrir más de 200 kilómetros de costa.
Ese, la falta de suficientes efectivos para controlar las malas prácticas en el mar, es precisamente uno de los problemas a los que señalan desde el grupo ecologista GOB. Su coordinador de Política Territorial, Miquel Camps, comparte, a falta de datos, la impresión de que la presencia de embarcaciones frente a las playas va al alza: «Hay días en que no se ve el horizonte».
El control de las malas prácticas que se pueden asociar a los fondeos, como el vertido de aguas sucias o la basura que pueden generar, es solo una parte de un problema que, apunta, Camps, «tiene que ver con la ética de los usuarios». En ese sentido, explica, «hay mucho que avanzar».
El GOB aboga por la vigilancia ciudadana por su efecto disuasivo
El coordinador de Política Territorial del GOB, Miquel Camps, explica que la entidad es muchas veces objeto de llamadas de bañistas de usuarios de las playas que denuncian algunas malas prácticas como embarcaciones que penetran en las zonas balizadas, que vacían los depósitos de aguas residuales demasiado cerca de la costa o que se posan sobre praderas de posidonia. «Nuestra recomendación es que llamen al 112 y denuncien la situación para que las autoridades actúen». Camps considera que el control de los bañistas sobre las malas prácticas es una buena herramienta ya que surte un efecto disuasivo entre las embarcaciones, que se saben controladas por los propios usuarios de las zonas de baño. Camps entiende que, para avanzar en el respeto medioambiental de las zonas marítimas «hace falta discurso y sanciones». Discurso para mentalizar a la gente de lo que está en juego, sanciones para disuadir a los infractores de seguir por ese camino.