Elaborar los proyectos de saneamiento en urbanizaciones o núcleos que carecen de esta infraestructura ha supuesto un esfuerzo y ha tenido un coste para los ayuntamientos. Se ha cumplido así el requisito impuesto para poder seguir dando licencias, pero ejecutar las obras contempladas exige una inversión que no está al alcance de las arcas municipales, ni siquiera después del ahorro que ha propiciado la controvertida Ley Montoro.
En conjunto suman 56 millones de euros y prácticamente la mitad corresponden a Sant Lluís, el municipio que acumula más deberes, más núcleos dispersos e incluso urbanizaciones consolidadas que han crecido sin contar con alcantarillado. Los distintos alcaldes o concejales del área consultados coinciden en que los proyectos no se han redactado para salvar la cláusula derivada de la legislación europea sino que hay voluntad firme por ejecutarlos.
El reto, coinciden todos también, comienza ahora con la negociación de la ayuda financiera, que ha de venir de programas supramunicipales o de otras instituciones, además de contribuciones especiales sobre las viviendas beneficiarias de las obras. Esta fórmula permitirá cubrir un determinado porcentaje del presupuesto por encima del 10 por ciento.
El presupuesto
- Sant Lluís, 26.000.000 €
- Maó, 11.536.000 €
- Es Castell, 6.500.000 €
- Es Mercadal, 6.200.000 €
- Ciutadella, 3.780.000 €
- Alaior, 2.190.000 €
Si toda la vida los municipios cobran el IBI y el Catastro, ya era hora que terminaran las urbanizaciones. Calan Porter tiene alcantarillado y otras urbanizaciones también.