La intención del IB-Salut de eximir a médicos y enfermeras del conocimiento del catalán, plasmada en una resolución del director general Juli Fuster que este martes publicaba el Butlletí Oficial de la Comunitat (BOIB), provocó tal malestar en Més per Mallorca y Més per Menorca que el Govern no tuvo más remedio que dar marcha atrás y anunciar que eliminará esta dispensa.
Los ecosoberanistas amenazaron con un plante a sus socios del PSIB, a quienes recordaron que la resolución del IB-Salut suponía un flagrante incumplimiento de los acuerdos pactados tras las elecciones. El compromiso era modificar la Ley de Función Pública para que el catalán volviera a ser un requisito para acceder a la función pública, incluidos sin distinciones los trabajadores del sector sanitario.
Las llamadas telefónicas entre los socios del Govern fueron constantes hasta que finalmente se anunció la corrección de la medida, que probablemente será publicada en el próximo BOIB. Todo el nuevo personal sanitario deberá acreditar el conocimiento del catalán y, como medida excepcional, se aprueba una moratoria de dos años para que puedan obtener la certificación correspondiente a su nivel. En el único caso en el que dejará de exigirse el conocimiento de catalán es si en las Islas no hay personal específico cualificado para la plaza convocada.
Més per Menorca había reaccionado con «indignación, decepción y sorpresa», en palabras de Manel Martí. Afirma que se incumplen temas claves de los «Acords pel canvi», en los que «quedaba claro que se modificaba la legislación para recuperar el requisito del conocimiento del catalán, es uno de los principios rectores del acuerdo de gobierno». La salida del Ejecutivo no alteró este punto, puesto que figura en las negociaciones para mantener el apoyo al gobierno Armengol. Puntualiza Martí que Més per Menorca siempre ha apostado por tener los mejores profesionales en Sanidad «y los mejores empleados públicos, pero entendemos que los mejores son aquellos que además de ser buenos especialistas en su área pueden atender a los pacientes en las dos lenguas oficiales de la Comunidad, especialmente en catalán». Cuando eso no sea posible, «se fijó una línea en la que se establecía el compromiso de aprenderlo», un aspecto que todavía debe ser dictaminado por el Consell Consultiu «y que se está retrasando demasiado», precisa.
«Es inaceptable que Salut vaya treinta años atrás en una materia que es obligatoria para el resto de trabajadores públicos», dijo a su vez la coportavoz de Més per Mallorca, Bel Busquets.
Un portavoz del Govern atribuyó a un error la publicación de la resolución del director general del IB-Salut, pero desde este organismo se reconoció que existe una carencia de médicos y enfermeras y que la resolución busca solucionarla a la espera de que el Govern apruebe el decreto definitivo que regulará la exigencia del catalán en cada puesto de la Administración. «Si se justifica que el conocimiento del catalán es una dificultad, se explica», agrega el portavoz menorquinista, quien insistió en la sorpresa que el BOIB despertó ayer en las filas de su partido. Exigió una rectificación y que la explicación aparezca, como la resolución, en el BOIB.
El PP y Ciudadanos también reaccionaron ante la resolución y enviaron sendos comunicados antes de que se conociera la decisión del Govern de modificar la resolución. Tanto la diputada Núria Riera (PP) como el diputado Xavier Pericay (Ciudadanos) criticaron la incoherencia del Ejecutivo y opinaron que el Govern se ha dado cuenta de que el catalán debe ser un mérito y no un requisito, un criterio defendido también por el sindicato médico. «Este Govern solo vende titulares», aseguró la 'popular' Núria Riera.