Son tres inmuebles de amplias dimensiones, con zonas ajardinadas alrededor. No presentan grandes desperfectos, ni en su fachada ni en otras partes que están al aire libre, con un patio inferior donde se pueden ver una caseta para animales y varias mesas y sillas de plástico. Se encuentran en una parcela cercana a servicios públicos y centros de ocio. Y desde hace varios meses han sido «tomados» por un grupo de okupas de forma ilegal. Las tres residencias de la calle Bisbe Juano –números 1, 3 y 5– que el Ayuntamiento de Ciutadella expropió el año pasado –el proceso duró nueve años– no desentonan con su entorno. Solo hace falta acercarse hasta el lugar a cualquier hora del día para comprobar que en la actualidad se trata de inmuebles habitados.
Varias bicicletas descansan en los pequeños porches que dan a la carretera. Aunque la Policía Local tiene constancia de que las tres residencias cuentan con moradores, los únicos que contestaron ayer a las preguntas de «Es Diari» fueron los habitantes del número 3 de la citada vía, una pareja de media edad. Tras llamar de forma insistente al timbre –y comprobar que los inmuebles sí cuentan con servicios básicos como la conexión con la red de suministro eléctrico– respondieron a unas escuetas consultas.
Rechazaron dar sus nombres, explicando que llevan varios meses en la vivienda y que «cuentan con permiso», mientras un perro correteaba alrededor. También concretaron que conocen a sus vecinos de los otros domicilios cercanos, pero «cada uno vive en su casa». La conversación no duró mucho, apenas unos pocos minutos. Tras declinar dar cualquier dato personal de nuevo, desviaron las preguntas hacia los Servicios Sociales municipales. Sin embargo, todas las voces del Consistorio consultadas ayer por este periódico desmintieron haber otorgado autorización alguna para la ocupación de las casas expropiadas. De hecho, en el seno del órgano municipal se llegó a debatir en septiembre del año pasado la posibilidad de utilizar las tres residencias de forma temporal para las familias del municipio que necesitan disponer de una vivienda y sí han realizado una petición al respecto siguiendo el protocolo. La propuesta tuvo que ser rechazada al no contar con ningún amparo legal, ya que el PGOU de la ciudad de Ponent no permite otorgar allí un uso residencial.
En Servicios Sociales también apuntaron que nunca han tenido las llaves para acceder a los edificios. La alcaldesa de Ciutadella confirmó hace dos días que uno de los residentes sí cuenta con una prestación y explicó que «si Servicios Sociales le ha reconocido una asistencia por su situación personal el trabajo del Ayuntamiento es mantenerla. Son temas diferentes».
Orden judicial
La problemática que se vive en la calle Bisbe Juano no es nueva para la Policía Local. Así lo reconoció ayer su máximo responsable, Ignasi Camps. Explicó que se ha actuado varias veces, identificando a los ocupantes y entregándoles una orden municipal de desalojo. Así, los inquilinos han sido controlados de forma periódica. Consultado sobre el hecho de que tengan llaves y servicios básicos como la luz, Camps comentó que «lo más fácil es que no sea la primera vez que se han visto envueltos en una situación así. Habrán cambiado la cerradura y pinchado en la red eléctrica». De hecho, algunos repiten de otras zonas de la ciudad donde se ha vivido una situación similar, como un bloque de pisos de la calle Degollador. El Ayuntamiento iniciará un proceso civil si la situación se enroca. Un juez ya desestimó una primera denuncia.