El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha iniciado el proceso de imposición de multas coercitivas a los propietarios de edificios ilegales en suelo rústico para instarles a su demolición.
Según informa el Consell de Menorca en un comunicado, con esta medida quiere promover que los dueños de inmuebles declarados ilegales y con orden de derribo cumplan esta resolución.
Por el momento el Consorcio ha notificado la resolución de diez expedientes con multas desde los 600 a los 8.500 euros mensuales y que se corresponden al 10 % del valor de las obras de demolición.
El Consell afirma que estas sanciones pueden imponerse cada mes hasta que se cumpla la orden de demolición un máximo de doce ocasiones.
El ejecutivo menorquín explica además que estas multas se suman a las impuestas por la infracción urbanística motivo de la orden de derribo. En caso de que un propietario se niegue a ejecutar la demolición el Consorcio se hará cargo de la operación de forma subsidiaria y cargará el coste al responsable.
El Consell recuerda que a principios de año la junta de gobierno del Consorcio aprobó la planificación de la tramitación de los expedientes de infracción urbanística y el plan de inspección de 2017 con el objetivo de agilizar los expedientes que estaban en trámite.
A lo largo del año la entidad ha dictado más de 150 decretos, se han emitido informes sobre más de 130 expedientes y se han levantado más de 100 actas de inspección.
I jo me deman quina responsabilitat te s' administració que s' ha girat cap a s' altre banda per no posa-hi solucio?