Han pasado tres meses de la entrada en vigor de la nueva Ley Turística, que incluye una moratoria en la concesión de licencias para el alquiler vacacional, y los efectos ya se dejan notar en el mercado inmobiliario de Menorca. El sector ha detectado un frenazo en la compra de viviendas por parte de aquellos inversores que recurren a estas operaciones con la expectativa de extraer una rentabilidad económica destinando los inmuebles al negocio del alquiler turístico.
A la espera de que se apruebe la llamada zonificación, en la que se estipularán las zonas en las que estará permitido arrendar viviendas a turistas, el Consell ha detenido en seco desde el pasado mes de agosto la concesión de licencias parea dicha actividad, lo que, según explica Juan Torres, presidente de la inmobiliaria Bonnin Sanso, ha hecho que muchos inversores se echen atrás: «La gente que compraba para luego alquilar no lo hace si no tiene licencia tramitada».
Sin garantías
La consecuencia ha sido «una reducción de la inversión» agravada, explica, «por la incertidumbre de no saber cuánto durará la moratoria». La nueva Ley Turística concedía un plazo de un año (a contar desde agosto) a los consells para que, de acuerdo con los ayuntamientos, aprobasen la zonificación y el Consell ha expresado su intención de llevarla a aprobación antes de que termine el año, aunque la desconfianza en los tiempos de la Administración ha supuesto un freno a la compraventa.
«Todas las incertidumbres afectan y no saber dónde se podrá obtener licencia es una de ellas. El dinero es muy cobarde», advierte Isabel Petrus, directora de la inmobiliaria CasasenMenorca.com, quien explica que «en el caso de los chalets aislados decimos a los potenciales compradores que se cumplen las condiciones que había antes, pero no podemos garantizarles al cien por cien que vayan a poder obtener licencia», una cuestión que, aclara, no solo afecta a inversores propiamente dicho, sino a propietarios que buscan viviendas en las que poder compatibilizar el disfrute particular y el alquiler vacacional.
Petrus señala que todo puede volver a cambiar si luego llegan otros políticos y modifican las leyes. Su postura es contraria al alquiler turístico en bloques de pisos en los centros urbanos y pone el acento en la necesidad de que los diferentes partidos lleguen a un acuerdo en el modelo para que se puedan establecer unas reglas de juego a largo plazo que den estabilidad: «Es lo que necesita el sector».
Por su parte, Luis Armengol, de Finques Armengol, explica que la moratoria ha tenido un doble efecto. Por un lado ha frenado la compra de viviendas por falta de garantías de su futuro uso turístico. Por otro, «ha hecho aflorar viviendas que no estaban a la venta». Armengol indica que algunos propietarios, ante la aprobación de la nueva Ley Turística y el temor a las elevadas multas que implica para el alquiler sin licencia (hasta 40.000 euros), han optado por abandonar la práctica y poner sus viviendas a la venta, aunque también los hay que simplemente han retirado los anuncios y volverán a intentarlo el año que viene.