El pleno que ayer aprobó los presupuestos del Ayuntamiento de Ciutadella para 2018 transcurría plácidamente, con el anuncio del voto en contra del PP y la abstención de UPCM, hasta que intervino la alcaldesa Joana Gomila, al final del debate. Con una actitud muy crítica con el PP, acusó a su portavoz Joan Benejam de mentir para justificar el voto en contra. Éste había afirmado que el 50 por ciento de la deuda viva del Ayuntamiento correspondía a préstamos suscritos por los gobiernos del Pacte. Gomila relacionó cada uno de los créditos pendientes de amortizar. Los más antiguos, dos de cuatro millones de 2005 y 2006 durante la etapa de Brondo y el más polémico de 3,6 millones se firmó con Pilar Carbonero y Maite Salord en el gobierno local. Joana Gomila explicó que este crédito se pidió porque el equipo de Brondo renunció a sus cargos dejando un presupuesto deficitario en cinco millones de euros, que tuvo que cubrirse y que los exmiembros del PP «proponían para ajustarlo que se privatizara el servicio de agua municipal».
La intervención de la alcaldesa y la réplica del portavoz del PP fueron el único momento tenso del pleno de ayer. Benejam lamentó «la falta de respeto de la alcaldesa con nuestro grupo municipal» y le pidió que retirara la acusación de mentirosos. Gomila aceptó disculparse: «A partir de ahora les llamaré imprecisos y que la gente entienda lo que quiera». El enfrentamiento se prolongó con otros capítulos. Benejam afirmó que vendrán otras sentencias que generarán indemnizaciones por causa del Plan General y las zonas verdes públicas. Gomila leyó otra relación de pagos por sentencias judiciales y solo la de la piscina cubierta afecta a la aplicación del Plan General. El coste de los terrenos de la pista voltadora también se debatió. Benejam le recordó que tanto el PSOE como el PSM habían votado a favor de comprar los terrenos. Gomila dijo que el coste de compra inicial era de 1,4 millones por 11.694 metros cuadrados, que al final, con el pago periodificado durante 20 años representarán un gasto de 9 millones de euros.
También se enfrentaron por el tema de las subvenciones a entidades culturales, con una alcaldesa muy irónica sobre si las entidades que reciben las ayudas «son de los nuestros o son de todos».
Apoyo crítico de UPCM
Joan Triay, portavoz de UPCM, calificó de continuistas los presupuestos, como en los últimos años, en que se han destinado a sanear las cuentas, a pagar el coste de las sentencias, y a invertir poco. Los dos concejales de UPCM se abstuvieron porque creen que la gestión es mejorable. Triay especificó sobre todo dos gastos que con mejor gestión deberían haberse eliminado. La quema de restos cárnicos en Milá, que según dijo ya ha representado más de medio millón de euros y el sobrecoste de Can Saura. Afirmó que sin estos costes se podría bajar el IBI, algo en lo que también insiste el PP.
Los presupuestos, como dijo el concejal de Hacienda José López, sin el coste del agua desalada (950.000 euros), el pago de sentencias (886.000) y el incremento de sueldos del personal (algo más de 200.000) casi sería igual que este año.