«Samsara», que así se llama la perra caniche, fue descubierta el pasado 24 de agosto en el patio de una casa de la calle s'Arraval, en Maó. La empleada de una inmobiliaria que mostraba una vivienda colindante a unos clientes advirtió al animal cubierto por una pelambrera sucia. Lloraba y desprendía mal olor porque en su propio pelo se habían acumulado heces y orina. No tenía agua ni comida. Cerca de ella, otro perro pastor alemán también estaba en mal estado aunque su deterioro no era tan acusado.
La mujer puso el hecho en conocimiento de la asociación Ayuda Animal Menorca, que comprobó la delicada situación de los animales e interpuso de inmediato la denuncia ante la Policía Nacional. Los acusados fueron madre e hijo, que viven en esa casa, de 38 y 23 años, de nacionalidad española y origen en la República Dominicana. Ayuda Animal se presentó en la casa para hacerse cargo de la perra consiguiendo la firma de la renuncia de su propietaria que sí quiso quedarse con el pastor alemán.
El caniche no recibía alimentación, como demostraron los análisis que le hicieron los veterinarios, estaba deshidratado, había recibido castigo físico, aseguran, y presentaba varias infecciones. Tuvo que ser anestesiado para evitarle el dolor y poderle rapar el pelo advirtiéndose su delgadez.
Traspasada la denuncia al Juzgado de Instrucción número 3 de Maó, el fiscal lo calificó como un delito de maltrato animal leve. Las diligencias siguieron su curso una vez la perrita, al cabo de un mes, recuperó su estado normal y fue dada a una casa de acogida cuyos propietarios han decidido quedársela definitivamente.
El juicio tuvo lugar en la mañana del jueves. Fiscal y abogados pactaron la conformidad que aceptó la mujer demandada ya que Ayuda Animal Menorca retiró la denuncia a su hijo por haber fijado este su residencia fuera del país.
El juez, Fernando Pinto, dictó la sentencia condenatoria por la que la inculpada deberá abonar una multa de 540 euros en tres meses, a razón de 6 euros diarios, y además, hacerse cargo de una indemnización de 675 euros que corresponden a los gastos derivados de la intervención del veterinario.
La condena incluye, por primera vez en Menorca, que la mujer declarada culpable queda inhabilitada durante un año para la tenencia de animales o realizar cualquier actividad relacionada con ellos.