El Govern no tiene intención de paralizar el decreto que está preparando para regular los centros asistenciales de guarda de niños de 0 a 3 años porque hay una realidad en Balears sobre la que se debe actuar. El sector pedía su retirada y ayer lo reiteró ante los consellers Fina Santiago y Martí March en la reunión mantenida con el Consell, ayuntamientos, sindicatos, federación de padres y colectivo educativo de la Isla. Y aunque el diálogo (la reunión duró tres horas) ayudó a relajar tensiones, siguen las posturas alejadas.
El Govern aceptó crear una mesa de expertos para trabajar el decreto, además de buscar otras soluciones que vayan dirigidas a mejorar la atención a la primera infancia. Asimismo, no descarta aprobar un documento de mínimos para que sean luego los consells los que lo desarrollen. No obstante, los de Mallorca y Eivissa avisan de que no se quieren implicar
Fina Santiago alabó el trabajo de Menorca en esta etapa educativa, con una situación diferente al resto de islas, pero defendió que «hay que regular la realidad actual para garantizar unas condiciones mínimas» y «buscar soluciones para que el cambio no perjudique la red de escoletes de Menorca». No dudó en asegurar que «el modelo de Menorca es al que aspiramos para Mallorca y Eivissa pero, aún estamos muy lejos» y advirtió de que todos queremos avanzar hacia el modelo educativo pero «no podemos seguir permitiendo que una guardería se abra con una simple licencia de actividad».
Martí March aclaró que la elaboración del decreto que regulará esta red de centros no supone ningún cambio en la política que hasta ahora se ha llevado a cabo por parte del Ejecutivo. En este sentido, «se continúa apostando porque la Educación Infantil sea una etapa educativa y no solo asistencial». Y aunque «querríamos que todo fuera educativo, ahora es imposible porque supondría muchos recursos humanos y económicos». Valora la etapa de diálogo iniciada.
Pero no convencieron. Ni el Consell comparte que se traslade la regulación a las islas ni agrada al sector que el Govern avance en la idea de una red asistencial. Júlia Muñoz, miembro de las Escoles Infantils de Menorca expresaba decepción. Confiaban en que el Govern aceptaría paralizar el decreto para analizar primero la realidad y crear una comisión de expertos «antes del decreto, ahora la plantea pero a partir de un borrador».
Muñoz agrega que «no compartimos su punto de partida del decreto porque no queremos un modelo asistencial» sino unas políticas sociales de infancia. «Deberíamos estar contentas porque parece que quieren blindar Menorca, pero no lo estamos porque un decreto hecho es peligroso, abre una fisura» y «en un futuro pueden aparecer otras sensibilidades y aplicarse».
El conseller de Educación, Miquel Àngel Maria, comparte que hay que analizar la realidad y definir si las medidas nos aproximan o alejan del objetivo compartido de una educación gratuita y universal para la etapa de 0 a 3 años. Y aunque el Ejecutivo autonómico ve bien que sean los consells los que desarrollen el decreto, Maria indica que puede ser una solución pero «en estos momentos no lo vemos» porque «puede llevar a regular una realidad que existe pero que no es nociva, no tenemos ninguna intención de cerrar aquello que no son escoletes pero que las familias utilizan y que no da un mal servicio a los niños. Ser muy exigentes y que lleve a cerrar estos recursos es un escenario indeseable», pero confía en que se siga trabajando.