El pleno del Consell ha aprobado este lunes los presupuestos de la institución para 2018 con los votos contrarios del PP, que ha criticado el incremento "desproporcionado" del desembolso en el capítulo de personal y del gasto corriente, que desde el inicio de mandato ha aumentado un 46 por ciento, según ha destacado la consellera popular Pilar Pons Faner, que ha calificado las cuentas de "papel mojado" y ha acusado al equipo de gobierno de destinar seis millones de euros a engrosar la estructura del Consell, una cantidad que, ha defendido, se podrían destinar a inversiones que beneficien a la ciudadanía.
La vicepresidenta segunda del Consell, Cristina Gómez, ha acusado al PP de "engañar" y de ser "deshonesto" al obviar en su discurso que buena parte del incremento en el gasto de personal está relacionado con programas de ocupación que vienen financiados por el Govern y con una apuesta por la consolidación de puestos de trabajo en centros de atención directa al usuario: "No sólo las inversiones suponen mejoras para el ciudadano", ha defendido Gómez.
Los populares han esgrimido la pérdida del peso específico del departamento de Bienestar Social para criticar la "falta de coherencia" del equipo de gobierno con la idea de priorizar la atención a las personas. La respuesta del equipo de gobierno ha sido recordar que en relación a los últimos presupuestos del anterior equipo de gobierno, en 2015, la inversión en este departamento ha crecido un 17 por ciento (tres millones más).
Pons Faner ha denunciado que los presupuestos presentados, que se elevan hasta los 93 millones -tras un incremento cercano al diez por ciento en relación a 2017-, "no suponen ninguna novedad, sino un aumento estructural" que se beneficia del aumento de la financiación acordado en la anterior legislatura. Por su parte, Gómez ha asegurado que el aumento de gasto corriente es asumible porque el ahorro neto se mantiene similar al año pasado y que tiene que ver con el incremento de actividad de los diversos departamentos.
Ahora es un buen momento para informar a los contribuyentes a que se han destinado las 2,5 horas semanales que se supone se han dedicado a formación, todo por no tener que trabajar las 37,5 horas estipuladas por ley. Pero no creo que los responsables políticos accedan a ello ... como el dinero público no es de nadie, pero daria para un buen articulo.