Miquel Àngel Maria neutralizó las interpretaciones sobre la división del voto en el equipo de gobierno del Consell antes de que este se materializara en el pleno de ayer. Introdujo la propuesta de Més per Menorca relativa a los «presos políticos» catalanes advirtiendo que su acuerdo con el PSOEy Podemos es para gestionar asuntos relativos a la Isla, y que no debe sorprender a nadie que sus posturas sobre cuestiones de ámbito estatal «son diferentes y divergentes». Es más, «el equipo de gobierno seguirá cohesionado como hasta ahora».
La iniciativa de Més per Menorca, que reclamaba la liberación de los exconselleres y activistas de la causa independentistas, así como su reconocimiento como legítimo gobierno de la Generalitat, obtuvo el voto en contra del resto de los grupos en el Consell, aunque las intervenciones de sus portavoces evidenciaron un desacuerdo dispar.
Frontal el PP. Salomé Cabrera pidió la retirada de la propuesta, que a su entender «demuestra un desconocimiento del significado de la democracia y un desprecio a las leyes». Imputó a Més victimismo y cuestionó su menorquinidad. Distante el PSOE. Miquel Company criticó el encarcelamiento, pero rechazó hablar de presos políticos y unas expresiones usadas por Més que «separan» más que reconciliar. Conciliador, pero no lo suficiente, Podemos. Cristina Gómez planteó una propuesta alternativa sin éxito, se mostró partidaria del referéndum pactado pero incómoda con la declaración unilateral de independencia.
Maria afirmó que la cuestión se enmarca en el terreno del respeto a los derechos humanos, «cualquiera de nosotros podría ocupar el lugar de estos consellers». Es más, con la actuación del Gobierno central se resiente, dijo, «la calidad democrática y la seguridad jurídica».
Decreto
Con una veintena larga de miembros de la plataforma Mos movem! En marcha! Let's go! a su favor, la consellera del PP Aurora Herráiz preguntó al equipo de gobierno del Consell sobre la posibilidad de que cambie su posicionamiento, que es favorable, al decreto que establece el catalán como requisito para los profesionales de la sanidad. Herráiz no escatimó calificativos a una medida que «supone la politización al extremo de la lengua», «un corralito sanitario», incluso «un apartheid». «Han priorizado la ideología a la lengua», remató.
Maria Cabrisas, por su lado, relativizó los efectos de la medidad y recordó que se han adoptado desde el Govern medidas para evitar la desatención de cualquier especialidad. Su posicionamiento no cambia.