Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha revocado la concesión a Trapsa Yates de la explotación de los 165 amarres del Moll de Llevant. El presidente del organismo gestor del puerto de Maó, Joan Gual, ha firmado la caducidad de la concesión a la empresa, y así lo comunicó a los miembros del Consejo de Administración en su última reunión el pasado miércoles. El motivo de la rescisión, respaldada con el informe preceptivo del Consejo de Estado, es la cesión de parte de la concesión entre el accionariado de Trapsa Yates, según informaron ayer fuentes oficiales, sin haber obtenido primero la obligatoria autorización de Autoridad Portuaria, que no había tenido constancia antes de dicha operación.
Trapsa Yates ha sido informada de la decisión de APB y ahora tiene un plazo de un mes para hacer entrega de los amarres, que pasarán a ser gestionados por el organismo público hasta que decida el futuro de esta zona portuaria y si éste pasa por la convocatoria de un nuevo concurso que, en todo caso, no se producirá de manera inminente.
APB concretó que la caducidad de la concesión portuaria no se ha producido por el impago del canon, se que se ha venido produciendo con normalidad por los administradores judiciales de Trapsa Yates. Dicho canon anual asciende a 616.000 euros y supone casi la mitad de los ingresos que obtiene APB por sus concesiones en el puerto de Maó.